MADRID, 23 (OTR/PRESS)
Naturalmente, están bajo la lupa y las atenciones atentísimas de todos, las primeras decisiones que adopta el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Pues bien, el presidente Barack Obama ha pasado una de las páginas más oscuras de la anterior Administración, al ordenar, además del cierre de Guantánamo, acabar con la tortura, las detenciones ilegales, las cárceles secretas de la CIA, los traslados de presos a regímenes dictatoriales y toda otra forma de trato vejatorio a los detenidos, en contra de los elementales principios humanitarios. Nada menos, y de golpe, como primera gran decisión de su mandato. «Es una acción vehemente para restaurar los procedimientos legales y los valores constitucionales que han hecho grande a este país incluso en el fragor de la guerra», explicó Obama al firmar los decretos que devuelven a los Estados Unidos al campo de las naciones civilizadas. Junto con la formalización del cierre de Guantánamo en el plazo máximo de un año, que ya había sido anunciado el día anterior, el presidente de Estados Unidos firmó un segundo decreto en el que se encarga a los responsables de los departamentos afectados la elaboración de unas normas sobre «retención, detención, juicio, transferencia o liberación de detenidos» que se atengan a las exigencias básicas de las Convenciones de Ginebra. Un tercer decreto prohíbe expresamente las instrucciones sobre métodos de interrogatorios dadas durante todos los años de la Administración anterior y advierte que los únicos sistemas permitidos a partir de ahora son los que constan en el Manual de Campo del Ejército, que excluye, por ejemplo, la práctica del ahogamiento.
La orden presidencial exige que todos los organismos del Estado que tengan que ver con la seguridad faciliten el acceso de los detenidos a Cruz Roja y ordena a la CIA el cierre de todos sus centros de detención. George Bush había dicho que ya no quedaban tales campos de la CIA. Obama prohíbe en el futuro poner en funcionamiento ese tipo de instalaciones. Estas medidas, declaró Obama, «además de promover un trato seguro y humano de aquellos individuos bajo la custodia de Estados Unidos, aseguran el cumplimiento de los tratados firmados por Estados Unidos, incluidas las Convenciones de Ginebra. Nos vamos a regir por una regla que dice: nosotros no torturamos», manifestó el presidente, quien afirmó que esto supone la aceptación de «una norma que se remonta a los Padres Fundadores, unas exigencias de conducta que no sólo se aplican cuando es fácil sino cuando resulta más difícil», en alusión al ataque sufrido por Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y la posterior guerra contra el terrorismo. «Vamos a intentar ganar esa guerra», añadió, «pero lo vamos a hacer de acuerdo a nuestras normas».
Eso sí, se aspira a conseguir que las nuevas normas no puedan dañar la seguridad. En este sentido, un alto funcionario de la Administración explicó que cuando el presidente les dio instrucciones de redactar esta nueva legislación, lo hizo con la condición de que la seguridad de Estados Unidos no se viera amenazada. Ya en su discurso de toma de posesión, Obama había rechazado como falsa la opción entre seguridad y los ideales. Ahora, cabe temer riesgos… Estados Unidos, en efecto, no ha sufrido un ataque terrorista en su territorio desde el 11-S, y la Administración anterior atribuía ese logro al precio que tuvo que pagar en materia de derechos humanos -Guantánamo y las cárceles de la CIA por medio mundo.. Ese dilema está presente en la mente de los ciudadanos, sobre todo si se produjera algún atentado.
Los expertos entienden que algunas de las decisiones tomadas por Obama tienen, además, cierta complejidad para su cumplimiento. No es fácil, por ejemplo, garantizar el respeto de las normas de interrogatorio que se decidan en los centenares de frentes en los que soldados, espías y agentes de seguridad estadounidenses actúan simultáneamente cada día. Especialmente difícil resulta la solución de Guantánamo, donde es necesario encontrar una salida a los cerca de 250 presos que quedan en aquella base. Según se ha avanzado, los presos serán divididos en tres categorías: aquellos que van a ser transferidos a otros países, los que van a ser juzgados por tribunales estadounidenses y los que no entran en ninguno de los dos grupos anteriores. Los casos de estos últimos serán revisados personalmente y, probablemente, cada uno requerirá un tratamiento diferente mediante alguna ley o decreto específico. La Administración de Estados Unidos no ha iniciado todavía oficialmente conversaciones con países que, eventualmente, estén dispuestos a dar acogida a algunos presos. «Estamos convencidos, sin embargo, de que hay varios Gobiernos dispuestos a ayudarnos a resolver este problema», dijo el portavoz. Las autoridades estadounidenses se asegurarán de que ninguno de los presos es trasladado a países que no alcancen determinados niveles de democracia y derechos humanos, lo que excluye, según el portavoz citado, a China como posible territorio de acogida. España podría haberse ofrecido para ayudar en este trance.
José Cavero.