MADRID, 23 (OTR/PRESS)
Son los dos grandes asuntos del momento, en los periódicos y restantes medios informativos. No se habla de otra cosa: los presuntos espías o informadores de la Comunidad de Madrid, y «la minoría» de jueces que reclaman una huelga para protestar contra las condiciones en las que trabajan. En la cumbre hispano-lusa que se acaba de desarrollar en Zamora, el presidente Zapatero no tuvo más remedio que referirse a ambas cuestiones: en el primer caso, para advertir que la investigación sobre la operación de probable espionaje de personalidades tiene que ser impulsada desde la sede del PP, y no «echar balones fuera», tratando de implicar al Gobierno de la Nación. Zapatero exige a Rajoy que tome decisiones, y dice que Génova sabe muy bien a quién deben mirar… Rajoy ha reaccionado con prontitud, y ha ordenado investigar el asunto. La secretaria general De Cospedal ha recibido el encargo de efectuar esa investigación interna de los hechos. Sobre la protesta de los jueces, Zapatero ha señalado la indudable relación de «la revuelta» con el caso del juez Tirado, el juez sentenciador en el caso de la niña Mari Luz.
Sobre la revelación de investigación de personalidades en la Comunidad de Madrid, quien ha estado en mayor medida «en el centro del huracán», parece ser la presidenta Aguirre, que rechaza con energía cualquier eventual implicación propia o de sus consejeros. Y de nuevo aparecen las severísimas peleas interiores en el PP madrileño: Aguirre contra Gallardón y contra Rajoy. Salta a la vista que las dificultades de relación entre la primera y los otros dos dirigentes del primer partido de la Oposición están lejos de haberse superado. Es evidente que hay dos bloques de personas que se acusan y atacan los unos a los otros, y también parece evidente que la lucha por el control de Caja Madrid puede estar en el centro de los intereses de unos y otros: Aguirre y sus consejeros, de un lado, y Rajoy, Gallardón y Blesa en la otra banda. El asunto, naturalmente, está ya en manos de los jueces, que deberán investigar si ha existido ese espionaje del que los medios informativos venimos hablando. Aguirre sostiene que si no se aclaran los hechos, quienes la acusan a ella y sus consejeros, deberán responder ante el juez… De momento, la fiscalía ha comenzado a investigar el caso, antes de que actúe el juez, una vez que el juzgado de instrucción haya recibido la denuncia del gobierno autonómico madrileño. Y mientras tanto, hay novedades: hoy se asegura que el Gobierno de Aguirre llegó a sopesar la eventual creación de un CNI al sentirse espiado desde dentro, y que el vicepresidente Ignacio González estudió el proyecto que le elaboraron un antiguo alto cargo de Aznar y antiguos agentes del servicio secreto español. La afición parece, por tanto, que no es nueva.
De otro lado, se vuelve a hablar del espionaje al que también habría sido sometido el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. El Economista, que ya ayer revelaba este caso, señala hoy que la trama que siguió a Blesa espió también a los tránsfugas socialistas de Caja Madrid, Francisco Pérez y Antonio Romero, que se saltaron las directrices y apoyaron al presidente de la entidad financiera. Y asegura otra información del referido diario que la Guardia Civil sospecha que altos mandos participaron en los espionajes… En cuanto a la amenaza de huelga de jueces, lo más relevante probablemente sea , en las últimas horas, la descalificación que el Gobierno de los Jueces, el CGPJ, ha hecho de quienes apoyan la huelga, «una minoría» que pudieran casar la indefensión de los ciudadanos. Parece evidente que el Poder Judicial trata de evitar esa huelga con la que se ve amenazado en los primeros meses de su andadura. El Consejo dice que el llamamiento al paro es precipitado, frente a quienes sostienen que la protesta es un movimiento «de base» que parece haber desbordado a las cuatro asociaciones judiciales. El Poder Judicial ve incomprensible que se convoque un paro precisamente cuando se están negociando las condiciones papa mejorar las condiciones de trabajo de jueces y juzgados y cuanto la gran mayoría de jueces y magistrados sigue optando por el diálogo.
José Cavero.
