MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Finalmente, tras una muy larga espera, durante la cual los distintos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos se han ido decantando a favor o en contra, se espera que el Tribunal Supremo resuelva varios recursos de casación en materia de objeción de conciencia frente a la controvertida asignatura Educación para la Ciudadanía, sobre la que también se han ido definiendo colegios, organizaciones de enseñantes, asociaciones de padres, obispos y ciudadanos en general: A unos les ha parecido una asignatura elemental e imprescindible, mientras a otros les resulta una palpable demostración de hasta qué punto un Gobierno de ideología laica, cuando no anticristiana, intenta «adoctrinar» a las nuevas generaciones con planteamientos ideológicos que no corresponden al Estado, sino exclusivamente a las familias. No es menos cierto que quienes promueven estas posiciones parece probable que sostengan posiciones muy próximas al conservadurismo religioso, y en todo caso, nunca han tenido la iniciativa de preocuparse por los «valores» que, a su vez, y durante décadas y décadas, han proporcionado a las nuevas generaciones los colegios «de curas», o colegios de inspiración en pensamientos religiosos.
Desde hace tiempo se ha venido especulando sobre lo que, finalmente, diría el Supremo en una materia que ha forzado a pronunciarse a tribunales Superiores y a los opinantes de todas las clases, a favor o en contra. ¿El Supremo se pronunciará a favor de esa objeción de conciencia que unos cuantos miles de alumnos y padres han reclamado, o recordará, sencillamente, el derecho que tiene el Estado para determinar las materias de enseñanza obligatoria para todos los chavales en edad escolar. Repetidamente se ha advertido que abrir el paso a la objeción de conciencia en esta materia pudiera abrir el paso a otras actitudes similares contra normas y disciplinas que pudieran no satisfacer plenamente a otros grupos de padres o de colegios.
De manera que es amplia, muy amplia, la expectación existente ante la decisión que provoca la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Se estima que Educación para la Ciudadanía, y sus adversarios más hostiles y beligerantes, han forzado a algunos Tribunales superiores de Justicia de distintas autonomías a dictar resoluciones y mas resoluciones. Se calcula que sólo el tribunal de Andalucía se ha visto en la necesidad de dictar del orden de cuarenta sentencias y del orden de cien medidas cautelares. ¿Se vulnera el derecho de los padres a imponer sus propios criterios a sus hijos, o las materias de Educación para la Ciudadanía son imprescindibles, recomendables, aconsejables, en todo caso, para nuestro tiempo? Se estima que han podido llegar a reunirse del orden de cincuenta mil objetores de conciencia en toda España, cuya argumentación básica es que el Estado no debiera «invadir» la conciencia moral de los alumnos y que constituiría una intromisión en un terreno que es exclusivo de los padres. Pero, se preguntan muchos, no han invadido esta zona, de manera tradicional y sin apenas protestas, los educadores con inspiración católica, muchísimos de ellos sacerdotes o monjas? No ha sorprendido, por ello, que muchos ámbitos de educación religiosa hayan sido particularmente beligerantes y hayan dado una batalla que, se espera, hoy tendrá una decisión de trascendencia.
José Cavero.
