MADRID, 29 (OTR/PRESS)
Habrá que esperar, por pura prudencia, a conocer en su literalidad la sentencia del Tribunal Supremo en la que se rechaza que con carácter general se pueda plantear la objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía, para tener una opinión más formada y fundamentada sobre una cuestión tan sensible para muchos padres y ciudadanos en general.
Los que están a favor de EpC han acogido con indisimulada satisfacción el adelanto de la citada sentencia. Creen que es una victoria de sus tesis y, consiguientemente, una derrota de los que se oponían a la polémica asignatura. Sin embargo, hay otro aspecto de la sentencia que el Tribunal Supremo ha tenido también mucho interés en que se conociera sin esperar a su publicación íntegra, y es el referido a que ni la administración educativa -sea estatal o autonómica- ni la autoridad escolar, ni los profesores pueden imponer la aceptación de planteamientos ideológicos o morales que sean controvertidos en la sociedad, añadiendo que es posible que algunos de los manuales con los que se enseña EpC reflejen ese tipo de contenidos que lesionan los derechos de los padres contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución. Este artículo dice literalmente: «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Aquí radica el meollo de la cuestión. El Estado, los poderes públicos tienen que garantizar el derecho a la educación, pero no tienen que convertirse en educadores. No deben intentar, a través de una asignatura o por cualquier otro método como sucedió en épocas de nuestra historia reciente, el adoctrinamiento de las gentes. Además, en el origen de toda esta polémica sobre la asignatura de EpC hay otro mal: quien la promovió, el Gobierno del PSOE, no buscó el consenso político y social necesario para llevar adelante una iniciativa de tanto calado, y a pesar de ello, siguió adelante con la misma. Eso provocó la lógica desconfianza en muchos sectores sociales que recelaron ante una actuación muy ideologizada, inscrita en la «hoja de ruta» laicista que este Gobierno, con su Presidente a la cabeza, está empeñado en llevar adelante.
Nadie discute que sea conveniente y necesario educar a nuestros jóvenes en los valores constitucionales básicos, como pueden ser el respeto a los derechos humanos, la convivencia, la libertad, la igualdad, etc. No, esa no es la cuestión planteada en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Lo que estaba en juego y, por lo que parece, va a seguir estándolo, es que se respete el derecho de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Que en la escuela se inculquen los valores constitucionales, pero que no se vaya más allá; que no se entre en cuestiones que inciden de lleno en el terreno de los principios religiosos o morales. Esto corresponde a los padres y no al Estado. Quien no entienda esto, es que no entiende lo que es la Libertad, con mayúsculas.
Cayetano González
