MADRID, 29 (OTR/PRESS)
Hasta que no leamos la sentencia completa del Tribunal Supremo sobre el asunto de la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía no podemos tener una idea clara del fondo de la cuestión. En todo caso, hay que reconocer que es una victoria para el Gobierno de Zapatero y una derrota de los objetores. En mi opinión, además, otorga poderes al Estado que sólo competen al ámbito familiar, introduce sombras sobre la imprescindible neutralidad ideológica del Estado y parece contradecir lo que expresan textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que acaba de cumplir sesenta años. Aun así, no me preocupa la asignatura en sí misma, sino cómo se va a impartir, con qué manuales -algunos son excelentes, otros deleznables- y quién va a controlar que, como también dice el Supremo, lo que se enseñe en las aulas no sea una «moral oficial» marcada por el Gobierno de turno o la autonomía que toque.
Después de décadas de una enseñanza absolutamente controlada por el Estado, muchos aspirábamos a un Estado ideológicamente neutral que diseñara las líneas maestras del sistema educativo, que garantizara libertad, la igualdad para todos, que extendiera la escolarización obligatoria, que diera facilidades para desarrollar esta tarea desde el sector público o desde el privado para que los padres pudieran elegir y que controlara que todos los españoles tienen las mismas oportunidades. Y que esas líneas maestras no cambiaran aunque cambiara el Gobierno. Nunca ha sido así en estos treinta años de democracia y todos los Gobiernos han aspirado a deshacer lo que había hecho el anterior y a interferir ideológicamente en la educación. Especialmente significativo es el caso de la LOGSE, claramente culpable de muchos de los males actuales.
Aún así, EpC era una asignatura innecesaria, ya que los valores democráticos y constitucionales deberían impregnar transversalmente toda la educación. Sólo esos valores. Su aprobación introdujo beligerancia en el sistema y en lugar de dedicar esfuerzos a los problemas de fondo, a luchar contra el fracaso escolar, a perseguir la equidad en todos los territorios, nos hemos perdido en el debate ideológico. Quienes la contraponen a la enseñanza religiosa, olvidan que en España nadie que no lo pida formalmente no recibe enseñanza confesional.
La reiterada doctrina de Tribunal Constitucional señala que todas las instituciones públicas deben ser neutrales y muy especialmente los centros docentes. Las posibilidades de abuso son grandes y los afectados, los niños, son un bien obligatoriamente protegible por sus padres. La sentencia del Supremo podría conducirnos a un lío aún mayor. Deja abierta la posibilidad de recurrir la legalidad de los decretos que regulan la enseñanza de EpC, los programas y hasta el contenido de los libros. Puede haber un chorreo de recursos… que se fallarán cuando el niño se vaya a jubilar. Aún así, este es un reto para los padres: si de verdad les importa la educación que van a recibir sus hijos, elijan bien, participen, promuevan, protesten, no sean pasivos. No se callen. Ni todos los libros ni todos los centros son iguales.
Francisco Muro de Iscar.
