MADRID, 1 (OTR/PRESS)
A un mendigo acusado de robar media barra de pan de una tienda de la localidad barcelonesa de Badalona, la fiscalía le pide año y medio de cárcel; y es legal, ojo, porque el pobre agarró por las solapas a la dependienta que trató de impedir el robo agarrando y tirando de la barra por el otro pico, razón por la que se partió en dos – media en poder de la dependienta, la otra media «botín» del mendigo – y el agarrón se considera violencia, es decir, que el mendigo recurrió a la violencia. Y yo me pregunto: y si quien te roba es alguna de las empresas adjudicatarias de alguno de los servicios públicos de bienes esenciales privatizados, por ejemplo la compañía de la luz… Bueno, en realidad sobra el por ejemplo: si quien te roba es la compañía de la luz, como ha ocurrido con las «cuentas del Gran Capitán» de la factura de este mes de enero, a través de la cuenta corriente donde domiciliaste el recibo no vaya a ser que se pase pagarlo y te la corten (la luz, claro)… ¿eso no es robo con violencia?
Tres Comunidades Autónomas, Madrid, Andalucía y Extremadura, han reaccionado con una inmediatez digna de encomio, y ya han anunciado la apertura de expedientes informativos a las compañías eléctricas por la presunta utilización de protocolos de cálculo irregulares de facturación, que es la forma legalmente aceptable de decir que sospechas que alguien te ha metido ilegítimamente la mano en el bolsillo. Las demás no creo que tarden en secundarlas porque el «afane» es generalizado. Una compañía eléctrica puede marearte a llamadas al teléfono de reclamaciones -siempre un 902, oye, cobrando también, ¿eso es legal?- y ahogarte en papeleo si la reclamación es individual, y las asociaciones de consumidores piden que, si el expediente autonómico logra acreditar que ha habido robo, las eléctricas devuelvan lo «afanado» automáticamente a todo el mundo
Seguramente así será esta vez porque el escándalo esta vez es mayúsculo. No es normal que alguno de estos servicios esenciales privatizados te multipliquen por dos o por tres la factura -del agua, del teléfono, del gas, de la luz- como ha ocurrido esta vez. Pero a menor escala sí, y va siendo hora de que el Gobierno ponga fin a la impunidad de los abusadores y a la indefensión de los ciudadanos. El remedio está inventado, eso es lo bueno. La multa siempre tiene que ser mayor que el beneficio del fraude para resultar disuasoria. Si es preciso incluso cárcel. Por buscar un ejemplo conocido que está funcionando: «quien contamina, paga», sí, pero, no solo eso: quien contamina paga y, además, si insiste, va a la cárcel.
Consuelo Sánchez-Vicente.
