MADRID, 2 (OTR/PRESS)
Al explicar su hoja de ruta para la conquista de Ajuria Enea, el candidato socialista en las elecciones del 1de marzo, Patxi López, se presenta como el precursor de la unidad de todos los vascos, nacionalistas y no nacionalistas, de izquierdas y de derechas, creyentes y no creyentes, para un nuevo tiempo caracterizado por el fin de Eta y de los debates identitarios ¿Más autogobierno para el País Vasco? «Sí, pero dentro de una España plural y una Europa más unida», suele decir López. Casi nada lo de López. Sin embargo, su programa, su libro de estilo, sus intenciones confesadas, sus objetivos, en realidad sólo conforman un catálogo de obviedades. Necesarias, eso sí, eso es lo malo. Que sea necesario, por ejemplo, prometer un tiempo de convivencia, de respeto mutuo, en el que una parte de esta tierra no tenga que decidir sobre la otra y un país en el que nadie se sienta excluido ni, por supuesto, amenazado por quienes se pasan por el arco del triunfo el Código Penal y el Quinto Mandamiento en nombre del credo nacionalista (40.000 personas viven sometidos a la amenaza permanente de Eta, según un estudio de Gesto por la Paz).
Por lo visto, se trata de ganar unas elecciones prometiendo normalidad democrática. Esa es la lamentable y penosa clave política que nos ayuda a descifrar la situación del País Vasco en los treinta años de reinado nacionalista. Porque ya es triste tener que pregonar obviedades, como el valor del diálogo o el derecho a no sufrir desprecio o persecución por defender pacíficamente unas ideas, como una forma de rectificar el rumbo de una tierra dominada por un nacionalismo que gobierna y un nacionalismo que acojona.
Se va reforzando la tendencia cuyo desenlace creíble puede ser el fin de ese largo reinado de los nacionalistas o, dicho de otro modo, la instalación de un Gobierno vasco comprometido con la Constitución Española después de treinta años de malquerencia. Es posible que lo veamos pronto. Para ello es necesario contar con dos circunstancias concretas en la reconquista de la normalidad democrática. Una, que los amigos de Eta (D3M y Askatasuna) queden legalmente inhabilitados para concurrir a las elecciones del 1 de marzo. Y dos, que la suma de escaños obtenidos por los dos partidos defensores de la Constitución, PSOE y PP, sea de al menos 38 diputados, equivalente a la mayoría absoluta de la Cámara.
Sobre las listas contaminadas contamos con la firmeza del Gobierno ejercida a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General. Si sumamos las acciones emprendidas por Garzón en vía estrictamente judicial, del cuadro político vasco pueden desaparecer los nueve escaños logrados en las anteriores elecciones autonómicas por el ya ilegal PCTV. Por tanto, más escaños a repartir entre las opciones legales y más posibilidades de que PSOE y PP alcancen juntos el umbral de la mayoría absoluta.
