MADRID, 4 (OTR/PRESS)
Los datos son escalofriantes: menores en celdas de aislamiento (porque no se puede llamar habitación a un cubículo sin ventilación y acolchado de goma espuma negra), registros donde se les obliga a desnudarse por completo, medicaciones excesivas… El informe del Defensor del Pueblo narra situaciones y condiciones de vida que se asemejan a las tantas veces denunciadas del penal de Guantánamo.
Y todo esto ocurre aquí, a la vuelta de la esquina, en muchas regiones de España y con menores que no son terroristas, que no están cumpliendo condena por delito alguno; que están en supuestos centro de protección.
No son angelitos, evidentemente, son chicos de familias desestructuradas, con problemas de convivencia, o psíquicos, muchos de ellos drogodependientes y con graves carencias afectivas. Pero no son delincuentes. No están en un reformatorio.
Parte del problema es que la protección a menores, tarea que debería ser efectuada de forma primordial por los servicios públicos, se ha privatizado en casi todas las Comunidades Autónomas. La gestión de estos centros, ahora denunciados, y a los que por orden del Gobierno va a investigar la fiscalía, está en manos de empresas creadas por Fundaciones, supuestamente sin ánimo de lucro, que logran sustanciosos contratos para hacerse cargo de estos menores conflictivos a los que nadie quiere.
Para hacerse con una de estas concesiones las empresas suelen presentar un informe detallado con su oferta, en la que se cuenta del número de trabajadores que aporta, su titulación y su experiencia con adolescentes.
Lo malo, lo pésimo, lo vergonzoso para la Administración, y que el informe del Defensor del Menor ha puesto en evidencia, es que conseguida la contrata, nadie vigila que las condiciones se cumplan. Hay centros que reciben la visita de un inspector una vez al año, centros donde se han despedido ocho trabajadores de un total de veintitrés, denuncias de baja cualificación de los «supuestos» educadores.
La culpa no es de los trabajadores de estos centros, muchas veces coaccionados igual que los menores y que ahora no se atreven a hablar a cara descubierta, que se enfrentan a veces con sueldos bajísimos a jóvenes realmente violentos. Los responsables son las Fundaciones que están cobrando muy buenos dineros con estos contratos y que amparan y ocultan el trato degradante a los menores bajo una presunta reeducación. Pero hay una responsabilidad aun mayor; la de los consejeros de Asuntos Sociales que se han desentendido de uno de sus principales cometidos: proteger a los adolescentes marginados. Aunque no lo recuerden, estas autoridades públicas también cobran por ello.
Victoria Lafora.
