MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Comenzó sus trabajos, en medio de una considerable desconfianza sobre sus efectos últimos, la revelación de «lo que en realidad sucedió», la comisión investigadora de los presuntos casos de espionaje que han podido producirse en la comunidad de Madrid, y en los que aparecen implicados personajes de los dos grupos permanentemente en pugna del PP, partidarios de Gallardón y Rajoy -como Cobo y Prada- y partidarios de Aguirre -como Ignacio Alonso u Francisco Granados- dos de sus consejeros.
La desconfianza hace, en particular, de la muchas veces declarada seguridad de Aguirre de que no hay nada irregular en el caso, ni siquiera en el sospechoso patrimonio y actuaciones de su vicepresidente, que aparece repetidamente en entredicho en los dossieres en poder de la dirección del PP. Existe la generalizada creencia de que Aguirre controlará «eficazmente» cuanto pudiera emanar de las investigaciones en curso, y que no resultará fácil que aparezca alguna revelación singular.
Como ha explicado la propia Comisión, su objeto es analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid. Pero los caminos para llegar a ese objetivo pueden ser varios, porque el escándalo tiene frentes distintos que se entremezclan. Para tratar de esclarecerlos, PSOE e IU registraron su solicitud de comparecencias, elaborando una lista con 56 nombres que aún debe pasar el filtro del PP. Según un detallado informe que hoy proporciona El País, éstos son algunos de los asuntos sobre los que la comisión tratará de arrojar luz: Primero, los seguimientos parapoliciales a adversarios de Aguirre, como el vicealcalde, Manuel Cobo, y el ex consejero Alfredo Prada. En segundo lugar, el asalto al despacho de un alto cargo. El 27 de junio de 2008, Sergio Gamón, director general de Seguridad, se presenta con varios agentes en un organismo de la Consejería de Justicia, entra en un despacho y requisa un ordenador. El despacho es de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de quien ha sido destituido como consejero de Justicia la víspera: Alfredo Prada (después de colocarse del lado de Rajoy en la batalla de poder en el PP). El ordenador contiene supuestamente informes confidenciales (algunas fuentes aseguran que es un dossier contra Granados; otras, que se trata de información contra González). En tercer lugar, el espionaje al vicepresidente. Ignacio González, grabado con cámara oculta durante un viaje oficial a Colombia en agosto de 2008 y otro viaje privado del vicepresidente a Suráfrica cuatro meses antes, así como adjudicaciones presuntamente irregulares de la Comunidad a algunos empresarios. Uno de ellos iba en el avión con González; y en otros casos las empresas están ligadas a familiares del vicepresidente.
También se tratarán de investigar las denuncias ante la dirección nacional del PP efectuadas por el ex tesorero del PP, Alvaro Lapuerta, quien comunicó en mayo de 2008 a su presidente, Mariano Rajoy, que creía estar siendo espiado por gente relacionada con la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre aseguró que Lapuerta había tenido acceso a informes que atentaban contra el honor de Ignacio González y Francisco Granados, y que avisó a Rajoy en 2006; éste se limita a decir que él no vio ningún dossier.
Por último, la existencia de un «CNI» autonómico. En junio de 2008 y ante la creciente sensación de que altos cargos del Gobierno regional, él incluido, estaban siendo espiados, González barajó crear un servicio secreto similar al CNI. Encargó un borrador del proyecto a Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, pero finalmente el plan quedó aparcado. La Comunidad de Madrid carece de competencias para tener un CNI.
Pero este embrollo de la comunidad de Madrid, que con toda probabilidad nos acompañará a lo largo del presente mes de febrero, es decir, durante lo que queda de campaña electoral, y que pudiera continuar el mes que viene si se prorrogara el tiempo de las investigaciones, transcurre en paralelo a otros asuntos a primera vista no menos turbios que se siguen produciendo en la clase política, y de los que en las últimas horas hemos tenido algunos casos resonantes: en la propia Comunidad de Madrid, pero también en la Comunidad Valenciana, y en el seno del propio PP, se ha revelado en las últimas horas, de la mano del juez Garzón, la existencia de una trama de corrupción, que ha llevado a la cárcel a cinco individuos relacionados con el partido. La probable causa de la trama de corrupción es la más corriente de los últimos años: el cobro de comisiones por recalificaciones de terrenos. El juez de la Audiencia investiga a una treintena de personas por presunto cohecho, blanqueo y fraude fiscal en ayuntamientos gobernados por los populares, según relata hoy el diario El País. A su vez, El Mundo destaca que en esta trama, o en sus alrededores, aparece como sospechoso el alcalde de Boadilla del Monte, González Panero, de quien recuerda que ha circulado un dossier en el que se le ha acusado de acumular un patrimonio inmobiliario muy superior al que podría justificar con su sueldo. Pero ha vuelto a reiterarse en su plena inocencia, y ha negado cualquier irregularidad de las que se le reprochan.
Frente a estas historias anteriores de eventuales corrupciones en el PP madrileño, llegaba la decisión del candidato del PP gallego, para las elecciones del primero de marzo, Alberto Núñez Feijoo, que ha decidido retirar de las listas de candidato de su partido al número uno por Orense, Luis Carrera, quien le confesó, según ha relatado el cabeza de candidatura, que había cobrado una comisión de 240.000 euros a través de una cuenta en las Islas Caimán en 2004. Núñez Feijoo ha entendido que no sería coherente mantener a este probable defraudador fiscal, sobre todo después de que él mismo lo hubiera presentado como una persona a quien se podían confiar los ciudadanos.
JOSE CAVERO
