MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Distintas formas de reaccionar en el PP ante el escándalo de una trama de corrupción ligada a Ayuntamientos gobernados por este partido. Una, son botes de humo del PSOE para ocultar el problema del paro. Dos, se trata de cuatro «chorizos» (Pons dixit) que nada tienen que ver con el PP. Tres, es una campaña orquestada por el PSOE mediante la abusiva utilización de la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Y cuatro, «no admitimos lecciones del partido del Gal y Filesa».
En estas reacciones hay más o menos verdad. Se puede discutir. A lo mejor van sobradas de base. O a lo mejor no. Vale. Pero ni estirando hasta el infinito estos argumentos podríamos despejar las incógnitas de la causa abierta por el juez Baltasar Garzón, con imputaciones muy concretas (cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y asociación ilícita) sobre empresarios que trabajaban habitualmente con administraciones del PP, según las investigaciones preliminares de la UDEF (Unidad de la Policía Nacional contra la Delincuencia Económica y Fiscal).
Que el PSOE es el partido del Gal y Filesa ya lo sabíamos, pero eso no sirve para saber si el PP está detrás de las corruptelas denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y otros. Puede ser que el PSOE esté utilizando a la Fiscalía y a un Ministerio para filtrar lo detalles sórdidos que estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Aunque sería algo muy grave, pudiera estar ocurriendo como un modo de desprestigiar al adversario electoral. Pero filtrar no es inventar. Y no tiene fácil acomodo mental suponer que un juez ordena la detención de cinco personas y formula determinadas imputaciones, después de una paciente investigación de la policía judicial, solo por hacerle un favor electoral al partido político en el poder.
El principal acusado de la trama, Francisco Correa, es o fue amigo personal del yerno de Aznar, Alejandro Agag (uno de los testigos de su boda), presume de poner y quitar concejales (según grabaciones que obran en el sumario judicial) y tiene un largo historial de montaje u organización de eventos por encargo del PP ¿No es justa la exigencia de los ciudadanos de que se investigue si en las malas prácticas de este señor, y otros que aparecen en la trama, han participado en mayor o menos grado los responsables políticos de instituciones gobernadas por el partido que aparece bajo sospecha?
Por desgracia para todos nosotros el asunto de la corrupción ha reaparecido en vísperas de unas elecciones. Lo recurrente es arremeter contra el mensajero como una forma de desviar la atención sobre la demanda de transparencia. Pero quien no tiene nada que ocultar, nada tendría que temer ¿A qué viene el rasgado de vestiduras del PP, empeñado en reducir el asunto a una operación electoral del PSOE?.
