MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Si el Tribunal Constitucional no toma una decisión, antes de la medianoche del próximo jueves, en sentido contrario a lo dictaminado por el Tribunal Supremo, ETA no va a estar presente en las próximas elecciones vascas del uno de marzo, al ser anuladas sus dos «marcas»: la agrupación de electores Democracia 3M y el partido Askatasuna.
La decisión del Supremo, adoptada por unanimidad, supone un duro golpe a la banda terrorista y a su entorno, que por primera vez desde la transición política no tendrá representación en el Parlamento Vasco que se constituya tras la próxima cita electoral. Este hecho constituye de por si un gran triunfo de la democracia y del Estado de Derecho. No se está criminalizando ninguna idea política, como desde la propaganda de la izquierda abertzale se querrá hacer ver a raíz de la decisión del Supremo. Simplemente, el sistema democrático se está protegiendo a sí mismo, impidiendo que puedan estar en las Instituciones quienes no condenan la violencia de ETA y quienes tienen lazos probados con la banda terrorista.
La única duda razonable que pueden tener los ciudadanos es, por qué ahora tanto la Fiscalía General del Estado como los responsables políticos del Ministerio del Interior han sido tan diligentes a la hora de presentar pruebas consistentes que permitieran probar la vinculación de Democracia 3M y de Askatasuna con ETA, y no lo fueron hace cuatro años cuando se permitió la presencia en las elecciones vascas del Partido Comunista de las Tierras Vascas o de ANV en las elecciones municipales del 2007.
Recordar en estos momentos algunas declaraciones al respecto del Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido o del ministro Rubalcaba producen simplemente sonrojo. Parece claro que entonces al Gobierno de Zapatero -inmerso en un proceso de negociación político con ETA- le convenía mirar para otro lado, y ahora le ha convenido todo lo contrario. Esa forma de actuar no es nada recomendable, porque supone supeditar los instrumentos que tiene el Estado de Derecho para luchar contra el terrorismo a intereses partidistas y electorales.
Es probable que la furgoneta-bomba que ETA colocó e hizo estallar ayer en Madrid -previo aviso a los Bomberos, Cruz Roja y Samur- tenga algo que ver con la decisión del Supremo. Es un ejercicio muy poco recomendable intentar interpretar las razones por las que ETA actúa en cada momento. Lo importante no es lo que la banda terrorista pretenda hacer -que por otra parte ya se sabe y las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen el deber de impedirlo y de hecho están teniendo muchos frutos- sino lo que el Gobierno, las Instituciones y los diversos poderes del Estado deben de hacer para acabar con esta lacra.
En este sentido, la decisión del Supremo, impidiendo que ETA esté presente en las próximas elecciones vascas va en la buena dirección; va en el camino de buscar la derrota total y sin paliativos de quienes han causado tanto dolor a la sociedad española en general y a la vasca en particular durante los últimos cuarenta años.
