MADRID, 12 (OTR/PRESS)
Mariano Rajoy ha encontrado un clavo en donde agarrarse: las cacerías sucesivas y compartidas del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, coincidiendo en el tiempo con la operación judicial de este magistrado contra la trama de corrupción en los aledaños del PP.
La decisión de Rajoy de romper relaciones institucionales en el ámbito de la Justicia mientras Bermejo siga siendo ministro y señalar una conspiración organizada desde los ámbitos judiciales contra su partido es una decisión arriesgada, pero sobre todo nos sitúa en escenarios que creíamos superados. Volvemos a la crispación, a la sospecha institucional y a la imposibilidad de entendimiento entre los dos grandes partidos en un momento de extraordinarias dificultades.
Lo que se aventura es conocido: trifulca parlamentaria, bloqueo de las negociaciones en el ámbito de la Justicia y politización de una huelga anunciada de jueces, todo ello envuelto en la mayor catástrofe económica que recuerda este país, donde los parados aumentan exponencialmente.
Hay demasiadas responsabilidades entrecruzadas en esta historia, pero no todas son del mismo calibre. La trama del espionaje y de la corrupción cuyo epicentro está en la Comunidad de Madrid no puede despacharse por la estupidez de un ministro y un juez de ir a matar marranos en comandita. Esa imagen es inaceptable, pero no puede demostrar la inocencia de los imputados; pero tampoco puede ser ignorada la exigencia de apariencias de imparcialidad exigidas en todo proceso judicial.
El asunto vuelve a tener como protagonista al polémico juez Baltasar Garzón que siempre aparece en cualquier sumario susceptible de ser noticia. Y un ministro de Justicia que es una auténtica máquina de provocar problemas. Si hubiera sentido común, los dos grandes partidos buscarían un entendimiento para reconducir al terreno de la racionalidad las responsabilidades políticas y penales -que son evidentes que existen- en las tramas de espionaje y corrupción cercanas al Partido Popular, para que se aclarasen de la forma más aséptica posible sin dañar más a las desacreditadas instituciones de la democracia española.
