Posiblemente la coincidencia de fechas, incluso la coincidencia en reclamaciones -más medios, más dinero, más presupuestos- han aportado confusión a la doble convocatoria de dos asociaciones de jueces o del personal de Justicia que se producen estos días.
Empecemos por el paro que ya este lunes comenzaron los sindicatos de personal de los Juzgados de Madrid, que reclaman que se cumpla el acuerdo firmado en diciembre de 2007 con la Comunidad de Madrid. Unos seis mil funcionarios de la Justicia madrileña desarrollan una protesta, que durará quince días, para reclamar al gobierno regional de esperanza Aguirre el cumplimiento de un convenio que incluía una subida salarial de 450 euros en cuatro años, y el incremento de personal en el Registro Civil y en los Juzgados de o penal.
En el primer día de la huelga, se calcula que quedaron sin celebrar centenares de juicios: tal vez más de 800 de las 1.200 actuaciones que a diario realizan los juzgados de la región. El consejero Francisco Granados ha reconocido la existencia de ese pacto, pero también que no podrá cumplirse por causa de la crisis y la falta de liquidez que ahora mismo tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid, y ha dado garantías de que los funcionarios recuperarán en el futuro lo que ahora pierden… En esta huelga participan también los abogados del turno de oficio, a quienes se adeudan 24 millones de euros. De manera que, como han indicado las crónicas, «la maquinaria judicial se ha paralizado», y se describe que la acumulación de papeles es tal que incluso se han producido plagas de pulgas…
Eso, por lo que se refiere a la huelga de los funcionarios de Justicia de Madrid, que coincide en el conflicto que dos asociaciones de jueces promueven en toda España para este miércoles, por vez primera, se asegura, en la historia de España, nada menos. En esta ocasión, y para este día, han sido llamados a la huelga 1.700 de los 4.440 jueces en activo. Y en este caso, «el malo» de la película es el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, que mantuvo con las organizaciones judiciales varias reuniones para tratar de atender sus reclamaciones y evitar el paro.
Finalmente, las promesas del ministro -en esencia, un compromiso de inversión de 20 millones de euros para modernizar la justicia y la creación de nuevos juzgados y de más jueces- no fueron suficientes, y dos de las asociaciones judiciales convocaron este día de paro, incluso en contra del «Gobierno de los Jueces», el CGPJ, que no ve razones ni apoyo legal a la huelga. De momento, los jueces de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial, que rompieron el frente común de todas las asociaciones, han dado garantías de que el paro no afectará a causas urgentes y piden a sus integrantes que respeten escrupulosamente los servicios mínimos que ellos mismos han fijado, para demostrar su responsabilidad hacia los ciudadanos.
Se estima que entre mil y 1.500 jueces seguirán la convocatoria de huelga, posiblemente una cuarta parte de los ejercientes. Los jueces en huelga es probable que hagan ver su inactividad en las principales ciudades españolas, que son las que soportan la mayor carga de trabajo de las oficinas de administración de Justicia.
