Julia Navarro – Escaño Cero: «La huelga»


MADRID, 18 (OTR/PRESS)

Con las huelgas ya se sabe, los huelguistas siempre dan una cifra de paro y el Gobierno otra, pero más allá de cuántos jueces secundaron el paro y si éste era el instrumento más adecuado lo cierto es que los jueces tienen razón en sus reivindicaciones al Gobierno.

Bien es verdad que si la Administración de Justicia carece de medios humanos y materiales no es achacable solo a éste Gobierno, sino que es un problema estructural que viene de lejos y que ningún Gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, ha abordado a fondo. Pero más allá de los problemas específicos de la Justicia, que son evidentes, creo que, además, los jueces están enfadados por la actitud del Gobierno. Y es que el Gobierno ha querido achacar a los jueces algunos fallos que se han producido en la Administración de Justicia, como el caso del asesinato de la pequeña Mari Luz a manos de un pederasta.

El caso Mari Luz conmovió a toda España y puso al descubierto, precisamente, algunos de los «agujeros negros» en la Administración de Justicia. Por ejemplo, los ciudadanos descubrimos que cada Comunidad Autónoma tiene su propio sistema informático de manera que si un juez adopta medidas cautelares contra un detenido en Lugo en La Rioja no se enteran. También nos enteramos de que la Administración de Justicia no es una, sino que los jueces dependen del Ministerio de Justicia, los secretarios judiciales de la Comunidad Autónoma respectiva, etc, etc, etc.

Y, sobre todo, la falta de medios, el como los jueces no dan a basto a resolver asuntos, y a eso hay que añadir las condiciones a veces tercermundistas de los juzgados con despachos minúsculos sin siquiera sitio donde guardar los expedientes. Pero desde el Gobierno, en vez de reconocer éstos y otros problemas y asumir la necesidad de ir resolviéndolos con cierta celeridad, se empezó a hacer una campaña, a veces poco sutil, contra los propios jueces, como si el retraso de la Justicia fuera suyo, o si la falta de coordinación entre juzgados no fuera consecuencia de la ausencia de un solo sistema informático.

Tampoco el ministro de Justicia ha estado muy conciliador a la hora de negociar con los colectivos judiciales, sino que según iba hablando con ellos los enfadaba mucho más. El Gobierno se equivocará si continúa echando la culpa de los males de la Justicia a los propios jueces, y se equivocará, aún más, si no busca un terreno de encuentro donde negociar para la modernización de la Administración de Justicia.

Gobierno y jueces tienen que encontrar ese terreno común porque es mucho lo que está en juego, nada menos que el derecho de los ciudadanos a tener una Justicia justa y eficaz. La huelga debería de servir para la reflexión y para acabar con el enfrentamiento que, desde luego, no conduce a ninguna parte.

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