José Cavero – Bermejo, en el centro de la tormenta


MADRID, 19 (OTR/PRESS)

No hay duda de que los dos personajes «de la cacería», el ministro Bermejo y el juez Garzón, han pasado a encabezar la relación de «los más odiados y perseguidos» del momento. Mientras a Garzón la Fiscalía Anticorrupción le reclama que «ceda» el caso de la trama a jueces de Madrid y de Valencia, para Bermejo fue la del miércoles una jornada especialmente aciaga, de la mañana a la noche: tanto por la sesión del pleno del congreso como por la huelga de los jueces, huelga histórica y sin precedentes. Bermejo insistía en su tesis de que los jueces, tercer poder del Estado, no deben hacer huelga, y se propone impedirlo por una futura ley…

Pero, primero, la trama ésa de las comisiones de tareas encomendadas por instituciones de las autonomías de Madrid y de Valencia, que en las últimas horas parece haberse cobrado piezas nuevas. El diario El País, que ha venido adelantando informaciones sobre la materia, retrasó anoche su salida para aportar hoy la novedad de que la fiscalía implica al mismísimo presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, en la trama corrupta que ha dirigido Francisco Correa, ahora encarcelado.

La Fiscalía, como hemos señalado, reclama a Garzón que ceda el caso al Tribunal Superior de Justicia precisamente por el aforamiento de Camps, pero también por la implicación de tres diputados regionales del PP madrileño, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch. ¿Qué hay contra Camps, en esas investigaciones de la Fiscalía y del juzgado? Se relata que en las grabaciones aportadas en la denuncia aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano.

García habría llegado a investigar tres facturas sobre esa materia. Se asegura que es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana. Camps, por cierto, ha negado cualquier implicación en los hechos que se le atribuyen. En cuanto a los tres parlamentarios madrileños, podrían haber cobrado cientos de miles de euros a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.

Por lo que se refiere al ministro Mariano Fernández Bermejo, desde las filas de PP se solicitó ayer su dimisión reiteradamente en el Pleno del Congreso de los Diputados de control del Gobierno. Empezando por el propio Mariano Rajoy, que reclamó al presidente del Gobierno «su destitución, hoy mismo». Zapatero bromeó sobre la afición de Rajoy a pedir ceses de ministros «a falta de ideas más provechosas».

Y tras Rajoy, «todo el PP» cargó contra el ministro y reclamó hasta en cinco ocasiones su destitución. Luego, en las horas siguientes, el ministro contempló el desarrollo de una huelga que había tratado de impedir, y que, convocada por sólo dos asociaciones de jueces, fue seguida por un número de jueces y magistrados probablemente superior al que el Ministerio y el Consejo del Poder Judicial habían calculado, aunque hay versiones muy distintas sobre el seguimiento: mientras que para los jueces convocantes fue del 62-70 por ciento, el CGPJ reduce esa cifra al 35.

Cabe recordar que los magistrados tienen anunciada otra movilización para junio, si antes no ha avanzado el diálogo de las asociaciones con el Ministerio sobre los compromisos de inversión en la actualización de este servicio. En Madrid, por si fuera poco, la huelga de jueces se vio reforzada y agravada por la protesta que desde el lunes llevan a cabo los funcionarios de la Administración de Justicia, dependientes del Gobierno autonómico, y que también reclaman medidas salariales…

¿Qué hará el Consejo del poder Judicial o gobierno de los jueces tras el paro del miércoles? Según La Vanguardia, el amplio eco de la protesta abre una crisis en la cúpula judicial, que se ha mostrado dividida entre favorables y contrarios a sancionar a los huelguistas. Estos, por cierto, siguen argumentando que no existe normativa alguna que impida su legítimo deseo a protestar por unas condiciones de trabajo inaceptables. Bermejo ha replicado a ese primer paro de jueces con el anuncio de una ley antihuelga.

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