MADRID, 20 (OTR/PRESS)
En las filas del PP hay, en particular, dos figuras claves por razón de los poderes que acumulan, y sobre todo, por hallarse al frente de dos Comunidades Autónomas que aportan un porcentaje de votos extraordinario a la principal fuerza opositora: son los presidentes de las comunidades de Madrid y de Valencia, Esperanza Aguirre y Francisco Camps. Ambos personajes, y los correspondientes partidos regionales que encabezan, están siendo objeto de particulares atenciones por causa de las revelaciones de «casos» que vienen reclamando muchas atenciones periodísticas.
En ambos feudos del PP, en particular, parece que se implantó y actuó durante casi una década la trama de Correa, de empresas que se valieron de la preparación de eventos -congresos, celebraciones en las más distintas actuaciones de la vida pública o social-, para obtener muy nutridos beneficios. Es lo que vienen revelando las filtraciones de ese sumario facilitado por la Fiscalía anticorrupción y que está siendo instruido por el juez Garzón. Cada una de tales filtraciones ha originado un visible enfado por parte del PP, que ve en todo ello una cacería y una operación global de desprestigio del Partido y de sus dirigentes más relevantes.
Este jueves, Francisco Camps se vio atacado por la aparición de datos que le acusaban de haberse beneficiado, con trajes, por la referida trama Correa. Camps lo negó una y otra vez, aunque con la timidez y cautela de quien sospecha que pudieran llegar datos nuevos y acaso más comprometedores. Camps, a su vez, suscitó el apoyo de todo el partido, en su propia Comunidad y en el resto de España. Y lo que recientemente no obtenía Esperanza Aguirre -que el presidente Rajoy pusiera la mano en el fuego por su honradez u honorabilidad-, si lo conseguía Camps: Es un político extraordinariamente inteligente, sumamente honrado, acusado sin saber de qué… y que tiene mi pleno apoyo, dijo Rajoy en su favor.
No hay duda de que Rajoy ha tenido un comportamiento mucho más generoso con Camps que con Aguirre, pero no deja de ser un reflejo de lo que sucedió cuando el congreso del PP de Valencia, cuando Camps apoyó la candidatura de Rajoy mientras Aguirre le reservaba sus adhesiones al líder nacional…
¿Qué sucederá a continuación en este asunto que a todos tiene «atrapados»? En los próximos días, el sumario del Caso Correa pasará de la Audiencia Nacional y del juez Garzón a los respectivos Tribunales Superiores de Justicia y se verán delimitadas a esos territorios las acusaciones que ahora merecen al PP la queja de parecer un «proceso o causa general contra el PP». Además, se quitará de en medio el combatido juez Garzón, objeto de todos los ataques y críticas de quienes se creen sus adversarios políticos, particularmente Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre, que lo ha calificado de «juez socialista».
Desde el diario El País, que ayer reveló esa presunta relación de Camps con obsequios de las empresas de Correa, se advierte hoy que esas eventuales conexiones con la trama no son fruto de informaciones periodísticas, sino que están recogidas en un documento de la Fiscalía y forman parte de un proceso por corrupción en el que tal vez tenga que acabar compareciendo. Es absurdo pretender que sus victorias en Valencia le eximan de responder ante los jueces y de ofrecer explicaciones a los ciudadanos.
El otro diario que el jueves recogía la acusación contra Camps, El Periódico de Cataluña, se defiende, a su vez: La comparecencia de Camps aumentó la densidad de la cortina de humo, con la que el PP quiere ocultar el fondo del asunto: la trama de corrupción descubierta en los aledaños del partido. Las explicaciones de Camps abundaron en la teoría de la conspiración contra el PP en vez de exigir la verdad de los hechos. El PP sigue dispuesto a desplegar una maniobra de distracción…
Y a las revelaciones de ayer, siguen las de hoy. En el primero de los referidos diarios se señala que el consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa constructora propiedad de una empleada del grupo Popular de las Cortes Valencianas y fraccionó, artificialmente, las obras adjudicadas. En el segundo de los diarios mencionados se asegura hoy que el despacho de abogados del ex ministro Michavila ha trabajado con dos de los imputados por el juez Garzón. Y nadie duda de que este culebrón está lejos de haber concluido…
