MADRID, 24 (OTR/PRESS)
Políticos cazando gratis total o en fincas públicas a las que se accede por el cargo y no por derecho. Políticos viajando gratis a lejanos lugares o a espectáculos inaccesibles para el sueldo oficial, que debería ser mayor, pero que es lo que es. Políticos subidos al barco de superlujo casi siempre de un constructor, el último Anxo Quintana, pero antes muchos del PP y del PSOE, que de todo hay en la viña del Señor* Políticos que se lo llevan crudo de los presupuestos oficiales, como Luis Roldán y algunos otros, o que encuentran despacho en dependencias oficiales desde las que hacer negocios más fácilmente, como Juan Guerra. «Empresarios» surgidos a la sombra del poder o con la connivencia del poder, como sugieren las últimas detenciones del juez Garzón, cazador cazado, por cierto.
Y si hablan ustedes de cosas «menores», basta echar un ojo a las barreras de algunas plazas de toros en tardes grandes o por las del palco del Nou Camp o del Bernabeu cualquier noche de Copa de Europa, con entradas a 200 euros o más, y preguntar cuántos de los que están allí -ministros, políticos, empresarios, sindicalistas, empresarios, famosos, etc.- han pagado su entrada. No digo que se fueran a sorprender ni por la nómina ni por el gasto, pero sí que nos debíamos asombrar todos por el hecho de que ellos, y tal vez nosotros, creemos que eso es «normal» y que no pasa nada. Que nadie adquiere un compromiso con nadie, aunque le pida entradas de última hora o viaje en jet privado y luego haya que autorizar o visar un proyecto, firmar un contrato, acordar un convenio colectivo o aprobar un ERE. Tenemos unos políticos tan objetivos, serios, independientes y rigurosos que una prebenda de cualquier tipo, un concurso público «pactado» con un amigo-compañero de partido o cualquier otro «negocio» se hace siempre objetivamente, sin valorar para nada ningún otro condicionante.
No parece bueno que una empresa privada financie esas actividades a un cargo público, aunque, al fin y al cabo, es su dinero y lo que emplea en eso lo resta de sus beneficios, aunque lo pueda multiplicar por otra vía. No es de recibo que los gestores de lo público lo administren como si fuera privado, es decir suyo. No tiene defensa que un cargo público acepte prebendas privadas que casi nunca tiene que justificar y que las acepten como si las merecieran o se les debiera. Y que luego, además, tengamos que aguantar que esos mismos personajes defiendan lo público -el Estado, las inversiones, el gasto, el servicio, la instrucción, la sanidad- frente a lo privado -el negocio, las grandes fortunas hechas con empresas privadas, las inversiones productivas, los dividendos, el beneficio, la educación, la salud- como si sólo hicieran negocio los ricos, mientras ellos sirven al pueblo. Cosas impresentables en defensa de algo que todos deberíamos ayudar a que se valore y respete. Pero si quieren hablamos también de la perniciosa utilización política -pública en sentido peyorativo- de las Cajas de Ahorro.
