José Cavero – Garzón lo deja pero se queda.


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

Finalmente, el juez Garzón se ha inhibido del caso Gurtel-Correa, y lo ha enviado a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Se va Garzón y se revelan aspectos fundamentales del caso que han permanecido, teóricamente, bajo secreto del sumario. Garzón deja el asunto, pero no del todo. Va a continuar la investigación de algunos aspectos del caso, que no se ven afectados por la presencia de aforados.

Se va Garzón, se levanta el secreto de sumario: ¿eso quiere decir que hayan quedado satisfechos los populares, que habían advertido contra la persecución de que estaba siendo objeto por el famoso juez? Ni mucho menos. Las dos reacciones suscitadas de manera inmediata, en voz de Soraya Sáenz de Santamaría y del secretario general el PP valenciano, Ricardo Costa, son indicativas de que están lejos de verse satisfechos. La primera ha dicho, con el desparpajo que la viene caracterizando, que sin conocer el texto de los autos judiciales, conoce sin embargo, la trayectoria del juez, lo que la invita a la plena desconfianza. En cuanto a Costa, ha rechazado de manera rotunda y total las acusaciones que contiene el referido auto.

Y es que, en las últimas horas se han ido revelando algunos de los aspectos más relevantes de esa instrucción de Garzón y las huellas que dejan a su paso están lejos de resultar complacientes y tranquilizadores para el principal partido de la Oposición. En esencia, Garzón apunta a Correa como organizador de una probable trama de financiación, un entramado de empresas que se dedicó a organizar la mayor parte de los eventos, congresos, acontecimientos, que desarrolló el PP, sobre todo en sus «plazas fuertes» de Madrid y de Valencia. Queda por ver, aunque hay insinuaciones en ese sentido, qué aportaciones hacía Correa al partido como forma de financiación irregular del mismo. Sin duda, es el aspecto más llamativo de todo el caso: la corrupción masiva que se transmite.

Luego, destapa la existencia de sobornos, en particular al presidente de la Comunidad valenciana, que inmediatamente ha rechazado el portavoz de dicha Comunidad. Pero según el documento del juez, el presidente valenciano y su número dos, Ricardo Costa, recibieron veinte mil euros en ropa. El juez en su auto considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP valenciano: Camps, Costa, Víctor Campos, ex consejero y ex vicepresidente de Camps, y Rafael Bertoret, también colaborador de Camps en su Gabinete autonómico.

En cuanto a lo que deberá examinar ahora el otro Tribunal Superior de Justicia, el de Madrid, se revela la existencia de comisiones ilegales a tres diputados de Aguirre a cambio de adjudicaciones ilegales. Los presuntos implicados son el ex consejero López Viejo y los diputados Martín Vasco y Alfonso Bosch. Según Garzón, los tres habrían cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita, pero eso deberá determinarlo el tribunal madrileño.

En resumidas cuentas, calcula el juez Garzón que el PP recibió un pago de 420.000 euros en 2002. El propio juez de la Audiencia, una vez enviadas a Madrid y Valencia las partes del sumario relativas a los aforados, se queda para continuar su investigación del resto del caso, por cuya virtud es muy probable que impute a los alcaldes de Arganda y de Pozuelo por recibir casi dos millones de euros más del mismo famoso Correa, un individuo de quien se cuenta que se ganó la confianza de los políticos con dádivas de todo tipo, desarrollando un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que le concedían la organización de eventos o que facilitaban la entrada de las empresas del propio Correa en la Administración que gobernaban los referidos políticos.

En esas dádivas de todo tipo, Garzón menciona desde dinero en efectivo, a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma y otros objetos. Correa introducía a personas de su confianza para controlar la concesión de contratos públicos y el posterior pago de los servicios regulados. Queda caso para rato, pese a lo que muchos habían sugerido alborozadamente…

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