MADRID, 6 (OTR/PRESS)
La corrupción es la corrupción, lo diga Agamenón o su porquero. Ahora ya estamos más cerca de descubrir que los supuestos delictivos endosables a parlamentarios y cargos públicos del PP, de momento a escala regional, no eran inventos del juez Baltasar Garzón, supuestamente movido por su insuperable deseo de destruir este partido político.
Mientras se va probando que, al margen de las perversas intenciones del juez o su afán de protagonismo, hay conductas delictivas imputables a dirigentes del PP, también podremos ir sabiendo hasta donde alcanza el compromiso de Mariano Rajoy contra la corrupción en la vida pública. Por ahora, vamos bien. Cuatro alcaldes madrileños (Majadahonda, Pozuelo, Boadilla y Arganda) ya se han aplicado el cuento o se lo han aplicado desde la dirección nacional, aunque no con todas las consecuencias en los cuatro casos. Ese es el camino.
Por lo general, los autos de inhibición del juez Garzón a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia describen conductas poco ejemplares de unos cuantos cargos públicos del PP. Pocos, entre cientos de dirigentes honorables, que es lo que debería poner en valor la dirección del partido en vez de caer en la tentación de echar balones fuera.
En Valencia, la descripción de hechos -en fase de instrucción, por supuesto- sugiere supuestos de financiación ilegal del partido, de al menos 425.000 euros en 2002 y sobornos en especie por valor de al menos 30.000 euros. En Madrid, se habla de más de 4 millones de euros en comisiones que iban a parar a los bolsillos particulares de un consejero de la Comunidad (ya dimitido), dos diputados regionales y algunos alcaldes. Todo ello, a cambio de concesiones y adjudicaciones de obras a las empresas de la trama controlada por el tal Francisco Correa.
Ese es el lamentable cuadro que, sin embargo, algunos, y algunas, como Esperanza Aguirre, siguen empeñados en querer ocultar con extravagantes teorías conspirativas. Teorías coreadas con entusiasmo por los sinvergüenzas que deshonran un cargo público y unas siglas honorables. Tolerancia cero con esta gente para los que en su día tuvo palabras muy acertadas el líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, dolido con razón por el hecho de que unos se juegan la vida en nombre de las mismas siglas que otros utilizan para forrarse. Ahí queremos ver todos a Mariano Rajoy, utilizando la mano dura. Después de superar con nota el paso por las urnas del domingo 1 de marzo, está más que legitimado para actuar sin complejos.
Así las cosas, queda fuera de lugar la venenosa asignación de intenciones a un juez que, en su función jurisdiccional, no puede ni debe defenderse con las herramientas de quienes le descalifican gravemente. Garzón se ha limitado a actuar en consecuencia, al inhibirse a favor de tribunales superiores y asumir las tesis de la Fiscalía. Son las generales de la ley.
