MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Qué poco duran las alegrías en la casa del PP. Tras un rotuno e incontestable triunfo en las elecciones gallegas, y con una muy favorecedora posición de árbitro en las vascas, el Partido Popular se ve de nuevo inmerso en el conflicto de las tramas de corrupción que, a tenor de los primeros datos extraídos de los autos del juez Baltasar Garzón, en vez de disolver y minimizar responsabilidades, como algunos dirigentes del partido o medios afines proclaman con alborozo, muy al contrario, las evidencian y acrecientan hasta un grado que hoy resulta muy inquietante pero que promete ir a mucho más.
Ante los hechos, y después de haber obtenido un claro éxito electoral que, sin duda, refuerza su liderazgo, Mariano Rajoy tendría la oportunidad de afianzarse aún más cortando por lo sano, poniendo las cosas en su sitio y, cueste lo que cueste -caiga quien caiga-, aplicando el código ético que siempre ha defendido y que, sobre la base de los indicios racionales de comisión de un delito, derivados de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional, obligaría a los miembros imputados a poner sus cargos a disposición del partido. ¿Por qué no lo hace?, o mejor dicho, ¿por qué lo hace con unos pero no con otros? ¿Por qué esa distinta vara para medir los indicios en alcaldes de la comunidad madrileña y los indicios e imputaciones en el presidente de la Diputación de Castellón, o en el alcalde de Alhaurín el Grande, o en el alcalde de Benidorm , entre otros muchos ejemplos de políticos imputados que mantienen no solo su militancia sino, lo que es peor y más increíble, sus cargos públicos?
No añadimos, por ahora, a estos ejemplos de la diversidad de varas que el PP usa, ni a Camps, ni a Costa, ni a López Viejo, Bosch y Martín, ya que, al ser aforados, requerirían de una imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia o de Madrid, en cada caso. Y ahí, en la esperanza de que esos tribunales sean más laxos sobre lo que constituyen indicios manifiestos de determinados delitos, puede estar la defensa numantina en que se atrincheran los jerarcas de Génova. Pero lo tienen muy difícil, porque la documentación aportada por Baltasar Garzón parece clara y prolija.
Aunque, en ese sentido, también lo tendría muy fácil el Presidente Camps, o Ricardo Costa y el resto de supuestos «trajeados gratis total» si, en vez de hacer ruedas de prensa y rimbombantes declaraciones de honestidad -no admitiendo preguntas-, simplemente aportaran las facturas de la ropa de marras.
Y otra cosa; después de la que se armó ante la famosa e impresentable cacería entre Garzón y el ex ministro Bermejo, debería darse por sentado que el Sr. Juan Luís de la Rúa, Presidente del TSJV, se inhibirá en ésta causa contra su íntimo amigo Camps. Nuevas varas de medir no, por favor.
VICTORIA LAFORA
