MADRID, 12 (OTR/PRESS)
Por una amplísima mayoría -233 votos en contra, 11 a favor y 10 abstenciones- el Senado ha rechazado una enmienda a la ley de Memoria Histórica para que sea el Estado quien sufrague los gastos de desenterramiento de las fosas comunes de la guerra civil. Un año y medio después de la aprobación de la ley, las familias de las víctimas muestran su desencanto por las dificultades que atraviesan para localizar los cadáveres de sus familiares y sepultarlos en lugar adecuado.
La ley despacha con un ambiguo «facilitará» su compromiso con las asociaciones de recuperación de la memoria para proceder a los desenterramientos y la identificación de las víctimas. Se trataba, con la enmienda presentada, de que el Gobierno corriera con los gastos y organizara las labores de recuperación. No ha sido posible. El asunto tiene un componente emocional dramático porque muchos familiares, por su avanzada edad, tienen poco tiempo para culminar el sueño de dar sepultura con dignidad a sus familiares asesinados.
La Memoria Histórica es un concepto pretencioso; existen hechos objetivos e interpretaciones sobre los mismos. Hay algunas realidades que no se pueden discutir: la República, con todos sus fallos y todos sus excesos que no pudo o supo controlar, era el poder legítimo y constitucional de España y el golpe militar y la dictadura un régimen carente de toda legitimidad. Los asesinatos y ejecuciones sumarias de la dictadura y los llevados a cabo por los militares sublevados no pueden ser objeto de otra reacción que la condena por su carácter ilegal y reparar esa injusticia es la forma de cerrar con dignidad un pasado execrable con el que los españoles tenemos que convivir.
Pero de todos los símbolos de esa memoria histórica que se quiere instaurar como oficial no hay ninguno tan importante como el de la dignidad de la víctimas. Y la pregunta obligada es para qué era necesaria una ley que tanto se discutió si no es capaz de dar respuesta presupuestaria a su prioridad más señalada.
Está ocurriendo con demasiada frecuencia que leyes emblemáticas para el Gobierno terminan por ser realidades impracticables. Ha ocurrido algo parecido con la Ley de Dependencia, la joya de la anterior legislatura que promovió el cese del ministro que la impulsó y la acumulación de protestas por la falta de cumplimiento por los complejos mecanismos para solicitar las ayudas que se vendieron como la ampliación del estado del bienestar y un ejemplo para Europa.
