MADRID, 24 (OTR/PRESS)
Por virtud de la Justicia, regresa estos días el asunto que más atención reclamó durante unos cuantos días, semanas e incluso meses en mayo de hace seis años: el Caso Yak-42, la tragedia aérea en la que perecieron sesenta y dos soldados españoles que regresaban de una misión militar en Afganistán. Ahora, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga al general y los dos oficiales que llevaron a cabo la repatriación de aquellos 62 militares muertos, en cuya identificación post-mortem se produjeron incalificables errores: 30 de los 62 fueron mal identificados, y se entregaron, consiguientemente, a familias que no eran las propias…
Las penas que se solicitan en esta vista judicial son variadas. En primer lugar, el teniente fiscal de la Sala de la Audiencia pide al tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que condene a cinco años de prisión al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a cuatro años y medio a los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les acusa, además, de un delito de falsedad en documento oficial.
Por su parte, la Asociación de Familias Afectadas por el Accidente del Yak-42 y otros dos grupos de allegados a los fallecidos, piden seis años de cárcel para cada uno de los acusados, mientras que otras dos acusaciones particulares reclaman penas de prisión de tres años. En la causa también está personada la Abogacía del Estado, que solicita que no se condene al Estado como responsable civil subsidiario. Además, la Fiscalía solicita que Navarro y los otros dos oficiales sean inhabilitados durante cinco y cuatro años, respectivamente, y que además se les condene a pagar sendas multas de 30.000 y 24.000 euros.
Las familias elevan estas cantidades a 60.000 y 48.000 euros, respectivamente. Y, en fin, el fiscal solicita que el Estado indemnice con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 militares que fueron identificados de forma errónea, mientras que las familias piden otros 6.000 euros para los hermanos de las víctimas.
En su escrito provisional de acusación, el teniente fiscal Burgos relata que, tras el accidente, que se produjo en las proximidades del aeropuerto de Trabzon (Turquía) cuando el contingente volvía de una misión en Afganistán, los tres acusados examinaron los restos mortales de los soldados, que estaban guardados en bolsas, y llegaron a «la razonable certeza de la identidad de 32 cadáveres por los signos externos constatados y no destruidos o quemados».
Según el fiscal, las 62 bolsas fueron entregadas al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, apartado de la causa al ser imputado únicamente por las familias, y al general Navarro, que «asignó identificaciones a cada uno de ellos elaborando una lista en la que se hacía constar la identidad correspondiente a todos y cada uno de los cadáveres recibidos en sus respectivos recipientes». Con estos nombres, los cadáveres llegaron el 28 de mayo de 2003 a la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde Ramírez y Sáez realizaron un informe de necropsia de cada uno de los fallecidos de acuerdo con las anotaciones que habían tomado en el depósito de Turquía. Posteriormente, ya en noviembre de 2004, la Audiencia Nacional ordenó la exhumación de los restos mortales de 21 fallecidos, a los que se practicaron pruebas de ADN junto a las cenizas de otras siete víctimas que habían sido incineradas. Otras dos familias ya las habían esparcido pensando que correspondían a las de sus seres queridos.
Durante el juicio está compareciendo una veintena de testigos, entre los que se encuentran el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa que dirigió las investigaciones sobre las identificaciones, y la posterior exhumación de los cadáveres; el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de las operaciones de identificación y repatriación de las víctimas del accidente; y el entonces cónsul en Estambul, Raimundo Ezquerra. Y se han quejado los familiares de las víctimas de que no hayan sido llamados a declarar ni el entonces ministro Trillo ni otros responsables políticos de aquel momento. Pero el tribunal rechazó esas declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar, de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono, y de otros altos mandos militares, al entender que sus testimonios «no son útiles para el fin del proceso».
Trillo sufrió en su propia carrera política «el caso del Yak-42»: le llovieron toda suerte de críticas, e incluso en su propio partido padeció un tiempo de «exilio interior», prácticamente sólo superado en la presente legislatura, con su designación como responsable de los asuntos jurídicos y de tribunales en el Congreso.
