Antonio Casado – Bárcenas y Galeote.


MADRID, 1 (OTR/PRESS)

Ibarretxe lo llamó «pena de banquillo» y Felipe González siempre hablaba de «estigmatización». Es la foto de un dirigente político subiendo las escaleras de la Audiencia Nacional. O el Tribunal Supremo, si hay aforamiento. También incluye, como en este caso, su reiterada exposición en los medios informativos por supuestos comportamientos delictivos. Luego se confirmarán o no judicialmente pero, mientras tanto, el político, el gobernante, el diputado ya quedan bajo sospecha.

Ahora le toca al PP, como en su día al PSOE, protestar contra ese tipo de «linchamiento mediático» -otra de las expresiones utilizadas para referirse al mismo fenómeno-, al que estarían sometidos su tesorero, Luis Bárcenas, y senador por Cantabria, además, y el eurodiputado Gerardo Galeote. Ambos figuran en la discreta contabilidad de la trama Correa, también llamada «Caja B», como perceptores de diversas cantidades. Para su pecunio personal o para costear actos electorales del PP.

Todo eso figura en la información sumarial remitida por el juez Garzón al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, jurisdicción competente para actuar contra los tres aforados regionales que aparecen en el sumario (Bosch, López Viejo y Martin Vasco). Y es este Tribunal quien en definitiva debe decidir si la conducta de los mencionados, Bárcenas y Galeote, aforados nacionales, es delictiva, como cree el juez instructor, Baltasar Garzón. Si así fuera, la competencia para procesarles correspondería al Tribunal Supremo.

En ese punto estamos. Y en ese punto el PP anuncia una nueva querella contra el juez Garzón, al que siempre atribuyó una inquina especial contra este partido. Sin embargo, convendría recordar que los indicios delictivos no se los ha inventado el juez. Proceden de declaraciones testificales coincidentes, apuntes contables descubiertos en las consabidas cajas «B», informes policiales de la UDEF y grabaciones de voz perfectamente reconocibles.

Da igual. Se tata de arremeter contra el mensajero para evitar en lo posible los daños de la exposición pública. Es decir, paso delante de la demoscopia y la preservación de la imagen. Paso atrás de la confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho. De la Justicia, en este caso, que es, efectivamente, muy lenta y habría daños irreversibles que una sentencia exculpatoria ya no podría reparar. Pero, además de la ira contra el mensajero, el PP apela a la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia es para los tribunales. En los medios de comunicación es, en todo caso, una buena práctica, si no impide su función social. Eso les obliga a verificar a diario si los gobernantes son ejemplares y merecen la confianza otorgada por los ciudadanos. Nada que ver con la malsana intención de estigmatizar a nadie.

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