Julia Navarro – Escaño Cero – El disparate.


MADRID, 2 (OTR/PRESS)

Puedo entender, aunque no lo comparta, que los partidos nacionalistas intenten imponer una política lingüística con la que desterrar el uso del castellano, pero lo que no me entra en la cabeza es que eso lo pueda hacer alguien que se dice socialista. Sin embargo eso es lo que viene pasando en los últimos años en Cataluña, en Galicia y ahora en Baleares.

Resulta que el Gobierno balear, presidido por el socialista Antich, ha decidido imponer el catalán en la sanidad pública y claro se le han rebelado desde los médicos, a los trabajadores de la enfermería, ayudantes, celadores, etc, etc, etc.

Verán a mí me parece que cuando una Comunidad tiene otra lengua además del castellano bien está conocerla, pero una cosa es aprenderla voluntariamente y otra que te la impongan, esa imposición denota un talante autoritario y, en mi opinión, es un atentado a los más elementales derechos de la persona.

Cuando cualquiera de nosotros va al médico lo que quiere es que sea un buen profesional, no la lengua que hable, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un país, España, donde todos tenemos el derecho y el deber de conocer y hablar el castellano. De manera que está bien que quienes viven en comunidades autónomas donde hay además otras lenguas, las aprendan, pero eso no puede convertirse en arma arrojadiza ni discriminatoria contra quienes no la hablan.

Lo sorprendente es que el PSOE se haya enfangado en esas políticas lingüísticas que, insisto, atentan contra los derechos de las personas. Y desde luego me parece una contradicción el ser socialista y nacionalista al mismo tiempo, algo que les sucede a algunos socialistas catalanes, o de Baleares, modelo el presidente Antich.

Si yo tuviera que irme a vivir a Cataluña, al País Vasco o a Galicia no dudaría ni un segundo en intentar aprender sus lenguas, pero lo haría sin que nadie me obligara, voluntariamente. Creo sinceramente que imponer una lengua lo único que provoca es desafecto hacia esa lengua, y discriminar laboralmente a alguien si no la habla me parece algo peor que un disparate, me parece una quiebra en los derechos de la persona.

Alguien debería de imponer sentido común a este disparate en que se han convertido las políticas lingüísticas y no es difícil hacerlo. El modelo pactado por socialistas y populares en el País Vasco es el ejemplo a seguir. De manera que lo tienen fácil.

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