MADRID, 21 (OTR/PRESS)
Junto con el Caso Correa o Gürtel, hay otras materia que viene lacerando y fustigando casi a diario al PP, con múltiples informaciones en los medos escritos y en los telediarios: es el juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados por la identificación errónea o falsa de la mitad de los 62 militares muertos en el accidente del avión Yakolev 42, cuando sobrevolaban Turquía a su regreso de una misión en Afganistán. El juicio se ha producido precisamente por esa identificación de una treintena de fallecidos, varios de ellos entregados a familias que no eran las propias.
Una y otra vez, los familiares de las víctimas han intentado que el juez llamara a declarar a algunos de quienes se supone que son los responsables últimos de este episodio siniestro, el jefe del Gobierno Aznar o el ministro de Defensa del momento, Federico Trillo. Sólo fue posible sentar en el banquillo a algunos de los colaboradores más próximos a Trillo, y alguno de ellos, concretamente el general Navarro no ha logrado salvar su dignidad profesional ni siquiera humana, según los testimonios que pudieron escucharse: No solamente no identificó adecuadamente los cadáveres, sino que además no llegó a enterarse de las dificultades, tal vez por el exceso de alcohol en sangre que algunos achacaron al general. En todo caso, quedaba claro en los testimonios ofrecidos al juez que había una «prisa loca» por recuperar aquellos cadáveres, sea de quien fueren: en España los esperaba un acontecimiento funerario de grandes dimensiones, y no convenía retrasar el momento de terminar con un episodio tan negro… De manera que, así las cosas, el fiscal ha pedido cárcel para tres jefes militares por inventar identificaciones del Yak, mientras las familias han seguido solicitando que se investigue a los que «obtuvieron beneficio político», en referencia a sus jefes, decididos a anticipar el sepelio y no prolongar por más tiempo aquella luctuosa historia. La decisión de llevarse a los cuerpos, incluso sin nombre, estaba tomada desde el primer momento por causa de las prisas de los «políticos» organizadores del sepelio… Se pretendía sepultar a los muertos y a las circunstancias que rodearon la tragedia, según todos los testimonios. Sobre todo, la peor parte de las acusaciones se la lleva el ya mencionado general Navarro, para quien se mantiene la petición de cinco años de cárcel para él y cuatro y medio para los otros dos mandos «por llevar a cabo cínica y torticeramente la repatriación de los cadáveres», según explicaban el fiscal del caso y los defensores. «Los cuerpos tenían que salir de allí inmediatamente», según el informe fiscal. Una y otra vez, los familiares han denunciado obstáculos en la investigación y obtención de testimonios últimos.
Pues bien, ya concluido el juicio, y como muestra de la preocupación que vive el PP -entre otras cosas, por la repercusión electoral que pudiera tener su comportamiento-, se han podido escuchar dos testimonios poco sobrecogedores: Los de Rajoy y Aguirre. El primero ha explicado que Trillo está preocupado ante la posibilidad de que sus colaboradores sean condenados… Y en cuanto a Esperanza Aguirre ha solicitado «que no se criminalice» a quien quiso acortar el sufrimiento de las familias… Y en cambio, lo alargó innecesaria y absurdamente varios años más, cabría añadir a la «lideressa». Esperanza Aguirre sí acepta que aquellos militares responsables de la repatriación de los 62 cadáveres, a las órdenes de Trillo, pudieron equivocarse…
Les conmueve más el dolor de Trillo que el de los familiares de aquellas víctimas de un andrajoso avión de bajo coste y en alquiler, para ahorrar gastos al Estado.
