MADRID, 30 (OTR/PRESS)
La inclusión de Teresa Jiménez Becerril -hermana del concejal del PP de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril asesinado por ETA en el año 1998- en el puesto número tres de la candidatura que los populares presentarán a las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar el próximo 7 de junio, es en sí una buena noticia, porque significa que las víctimas puedan tener voz directamente, sin intermediarios, en las Instituciones europeas o nacionales.
Antes de Teresa, otras víctimas ya han estado o están en diferentes Instituciones. Este es el caso de la todavía eurodiputada del PSOE Bárbara Durkhop, viuda de Enrique Casas; de Mari Mar Blanco, recién elegida parlamentaria vasca por el PP en las elecciones celebradas el pasado 1 de marzo, o de Eduardo Madina, joven diputado del PSOE por Vizcaya y recién nombrado secretario general del grupo parlamentario socialista en sustitución de Ramón Jáuregui.
Durante el mal llamado «proceso de paz» llevado a cabo por Zapatero en la pasada legislatura, que provocó por su parte la conocida como «rebelión cívica» de las propias víctimas del terrorismo, hubo voces que en un intento de echar una mano al Gobierno llegaron a defender el que las víctimas no debían hablar de política. Es decir, negaban a las víctimas del terrorismo, por el hecho de serlo, derechos que otras personas que no lo son, si tienen. No cabe una actitud más sectaria y torticera. El paladín de esta barbaridad fue el diputado del PNV Emilio Olabarría, que durante la comparecencia del ex presidente Aznar en la comisión parlamentaria que se creó después del atentado del 11-M, llegó a decir que su condición de víctima del terrorismo -conviene recordar que Aznar sufrió un atentado de ETA en abril del 2005 del que milagrosamente salió con vida- le incapacitaba para dirigir la lucha antiterrorista.
Las víctimas, antes de reunir esa condición dolorosa y sobrevenida no deseada por ninguna de ellas, son personas y tienen todo el derecho a expresarse y a manifestarse libremente. Tienen derecho, no solamente a hablar, sino también a estar en política y a adquirir el compromiso que quieran con el partido político que más les guste. Negar eso es propio de mentes obtusas y totalitarias.
La presencia de Teresa Jiménez Becerril, de Mari Mar Blanco o de Eduardo Madina -Bárbara Durkhop ha decidido no repetir como eurodiputada- es una garantía de que la voz de las víctimas va a poder ser escuchada en instituciones tan diferentes como el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados o el Parlamento Vasco. Y eso, para los que estamos firmemente convencidos desde hace muchos años de que las víctimas del terrorismo son lo mejor que tenemos en nuestras sociedades democráticas es una garantía y un motivo de satisfacción.
