MADRID, 27 (OTR/PRESS)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que admite a trámite una querella interpuesta el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se le acusa indiciariamente de un delito de prevaricación en relación con la causa abierta por este magistrado por la desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo. De manera que, en efecto, el conocidísimo, en nuestro país y en todo el mundo, juez «estrella» Baltasar Garzón tendrá que afrontar en el Tribunal Supremo todo un proceso penal por prevaricación, que se recuerda que es «el mayor de los pecados posibles en un juez»: sentenciar a sabiendas de que se dicta sentencia injusta…
Dice la Sala Segunda que ha decidido admitir a trámite una querella en la que se imputa al juez un delito de prevaricación «palmario, premeditado, consciente y creyéndose impune» por su actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo.
La sorpresiva, sorprendente y muy llamativa decisión de la Sala Penal del Supremo ha sido adoptada por su presidente, Juan Saavedra, y por los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. La resolución es unánime. Objeto de múltiples querellas, Garzón se había librado hasta ahora de todas ellas y en ésta, presentada el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias -que dirige el ultra activo Miguel Bernat- personaje procedente de las filas de la Asociación ultraderechista Fuerza Nueva-, contaba con un informe favorable de la Fiscalía del Supremo que, como es habitual, le exoneraba. Sin embargo, los magistrados han estimado que los hechos relatados en la querella, en caso de confirmarse, podrían constituir un delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal, que castiga al juez que, a sabiendas, dicte una resolución injusta.
La querella de Manos Limpias ha sido elaborada por el letrado Jaime Alonso, conocido por haber sido quien consiguió que el Pleno de la Sala Penal del Supremo condenara al ex presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario de Batasuna tras la ilegalización del partido. En ese proceso tampoco hubo acusación del Ministerio Fiscal.
La querella que ahora se anuncia contra el juez de la Audiencia y que obligará a Garzón a comparecer como imputado ante el Supremo, sostiene que el juez montó un «artilugio jurídico», «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama». En definitiva, que montó un procedimiento «consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría».
Las diligencias previas 399/2006 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se abrieron tras la presentación de diferentes denuncias por entidades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica. Todas las denuncias se referían a la desaparición de personas tras el inicio de la guerra civil española de 1936, personas que se encontrarían enterradas en fosas y cunetas en distintos lugares del territorio nacional.
Tal vez sea prematuro adivinar qué sucederá con este asunto, pero de momento ha puesto en actitud de combate a unos cuantos de los más firmes y decididos enemigos de Garzón, que no son pocos, y a quienes cuesta admitir los indudables méritos que también han reunido las muchísimas actuaciones del juez del Caso Nécora, de Pinochet, o del entramado de ETA…
