Fernando Jáuregui – De caza y pesca.


MADRID, 17 (OTR/PRESS)

El director del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, se enfrenta a una auténtica cascada de acusaciones acerca de presuntas confusiones entre sus actividades privadas y los medios públicos que le facilita su cargo al frente del «espionaje» español. Unos medios cuyo control, por su propia naturaleza, es difícil. Como difícil resulta pedir explicaciones al señor Saiz en sede parlamentaria, dado lo reservado de las misiones encomendadas a quien tiene la responsabilidad del CNI sobre sus hombros. Así, se abre un portillo para que este alto cargo, que es sin duda el puesto más peculiar de toda la Administración, pueda cometer abusos a favor propio o de sus allegados -y conste que, sin más datos que unas filtraciones quizá interesadas procedentes de «la casa», yo sigo presumiendo la inocencia y la total honradez de este funcionario-.

¿Quién vigila al vigilante? He ahí la gran pregunta. Hemos tenido ejemplos de todo tipo con anteriores direcciones del CNI (CESID) y no digamos en las versiones aún más veteranas de los servicios de inteligencia, posfranquistas o franquistas: ¿a quién se espiaba y por qué? ¿En qué se invertía el dinero destinado en teoría a garantizar la seguridad interna y externa de los españoles? Cierto: ha habido mucha leyenda «a lo Le Carré» pesando sobre los servicios de inteligencia españoles. Pero también habrán de reconocer los responsables directos de estos servicios, y quienes son sus superiores políticos, que una mínima transparencia debe regir los actos de quienes, por principio, ya se sabe que no pueden ser excesivamente transparentes. Algunos países con larga tradición en estos servicios ya han encontrado fórmulas relativamente satisfactorias.

Todo, en cualquier caso, antes que dar la sensación de que desde unos servicios que -reconozcámoslo- han prestado importantes favores a causas como la lucha contra el terrorismo, se juega con el dinero del contribuyente. O, peor, que se juega con el contribuyente, al margen de los controles parlamentarios o judiciales. Porque, al final la obsesión de todo español –¿de todo ciudadano, sea de donde sea?- es esa sensación de que estamos siendo espiados quién sabe por qué poderes ocultos y quién sabe con qué ocultas intenciones.

Que sí, que vemos fantasmas, de acuerdo; pero, por eso mismo, que no hagan el fantasmón todos esos cazadores y pescadores que no hacen del servicio al contribuyente su fin último. Y, siento contarme entre quienes ven esos fantasmas, yo no quiero ser cazado o pescado por gentes interesadas en, por ejemplo, saber con quién me entrevisto o dónde voy sin que un juez lo haya pedido. Torres mucho más altas han caído, al fin y al cabo, en un país en el que hasta el propio Rey resultó, en algún momento, «pinchado» en sus conversaciones telefónicas.

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