MADRID, 18 (OTR/PRESS)
Asistimos en los últimos meses en nuestro patio político a comportamientos de algunos responsables públicos, institucionales o de partidos, que en nada se compadecen con lo que debería de ser una actitud basada en la ética, en la transparencia y en el no aprovechamiento de esos cargos para fines exclusivamente personales o partidistas.
La lista sería interminable y además hay casos en todos los barrios. Desde la connivencia en unos días de cacería de un ministro de Justicia, ya «ex» gracias a Dios, con un juez estrella de la Audiencia Nacional al que parece que se le está acabando la impunidad con la que a veces ha actuado, pasando por un ex presidente de la Junta de Andalucía que concedió ayudas a la empresa en la que su hija era asesora jurídica; o el gerente del principal partido de la oposición que incrementa de forma llamativa su patrimonio sin que explique cómo lo consigue; u otro presidente autónomo, el de la Comunidad Valenciana, que da toda la impresión de haber cometido la torpeza de aceptar unos trajes como regalo de un personajillo y que en lugar de reconocerlo y de pedir perdón a los ciudadanos, se envuelve en la bandera del honor mancillado y de la dignidad; o el de todo un director del Centro Nacional de Inteligencia que utiliza a los agentes a su servicio para limpiar las algas de la piscina de su casa, o que coloca en el CNI a familiares, o que permite que se cometa la chapuza de trucar fotos de cuando se dedica a la pesca del pez espada.
Si todo el problema fuera la actuación irregular, chapucera, corrupta o como se la quiera denominar de todas las personas citadas anteriormente, la solución no sería difícil. El problema se agrava, cuando, por un lado, los afectados se niegan no sólo a asumir, mediante la dimisión o el apartamiento temporal mientras la justicia decide, sus responsabilidades políticas, sino que no reconocen nada de lo que los medios de comunicación van dando a conocer a la opinión pública. Y por otro, cuando sus superiores jerárquicos, o bien no hacen más que poner la mano en el fuego por ellos, o se escudan en que todavía no han sido imputados o simplemente no hacen lo que en otros ámbitos de la sociedad se llevaría a cabo sin ninguna dilación.
Pero también existe un problema en la propia sociedad, que no responde con la debida contundencia y exigencia democrática a esos comportamientos, al menos irregulares, de algunos políticos o responsables públicos. Si a la hora de votar, esas conductas o no son penalizadas o lo son en proporciones insignificantes, eso es señal de que la salud democrática se está resquebrajando. Quizás estemos ante una sociedad acomodaticia, con enormes tragaderas, que no tiene ninguna gana de complicarse la vida. Esa es la sociedad que algunos están queriendo que cristalice, donde el relativismo moral sea la pauta de conducta tanto de los gobernantes como de los gobernados. Al menos hay que saber, que esa situación al final es mala para todos y revela un gran déficit de madurez democrática.
