MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Si en cualquier empresa u organización humana seria y solvente se dieran comportamientos en algunos de sus directivos como los que en estos momentos afectan al director del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, o al tesorero del PP, Luis Bárcenas, hace ya tiempo que ambos habrían sido cesados por el presidente o el Consejo de Administración de dicha empresa. Pero ya se ve que en política las cosas son distintas, es decir, no se aplica el sentido común y priman intereses de otro tipo.
En el caso del director del CNI, lo primero que resulta escandaloso es que a día de hoy siga en su puesto después de que en los últimos meses, entre ceses y dimisiones, haya cambiado a no menos de treinta personas que ocupaban importantes tareas dentro del Centro. Cuando pasa eso, a lo mejor hay que pensar que el problema no son los subordinados, sino el jefe. En segundo lugar, también es escandaloso que las explicaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas las haya dado en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, a puerta cerrada y no con luz y taquígrafos. Como si explicar por qué unos agentes del CNI limpiaron las algas de su piscina; o como dio autorización para que se «pinchara» el teléfono de la casa de un amigo ya que este sospechaba que su empleada del hogar lo utilizaba en exceso para hablar con su novio; o si hubo trato de favor en la colocación de varios familiares en el Centro, fueran grandes secretos de Estado o afectaran a la seguridad nacional.
El desprestigio que en estos momentos acumula el CNI ante la opinión pública y ante otros Servicios de Inteligencia es malo para todos y por eso, se entiende muy mal, que el presidente del Gobierno no haya cesado ya a su actual director. Aunque si yo fuera Alberto Saiz, iría haciendo las maletas, porque la contestación de Zapatero cuando fue preguntado hace cuarenta y ocho horas sobre si mantenía la confianza en el jefe de los espías es de las que hacen época: «Tiene mi confianza mientras que siga en el puesto» dijo el presidente.
El caso del tesorero del PP, Luis Bárcenas, es también de aurora boreal. El Tribunal Supremo acaba de abrir una causa contra él por un supuesto delito fiscal y otro de cohecho, «por percepciones económicas irregulares» que presuntamente recibió de Francisco Correa. Y ni Rajoy lo cesa, ni el interesado dimite. Estamos hablando del encargado de las finanzas del principal partido de la oposición que cuenta con 700.000 militantes. ¿No sería lógico que, al menos temporalmente, hasta que el Tribunal Supremo dictamine, Bárcenas se apartara voluntariamente o fuera apartado de su alta responsabilidad? ¿No se da cuenta Rajoy que está aplicando una vara de medir muy distinta a la que por ejemplo aplicó Esperanza Aguirre con altos cargos de la Comunidad de Madrid o alcaldes del PP en la trama Gürtel que fueron, correctamente por cierto, obligados a dimitir de sus cargos?. Pero mientras que este tipo de conductas no tengan su correspondiente coste electoral, los políticos mirarán para otro lado.
