MADRID, 27 (OTR/PRESS)
Dos grandes propuestas aprobó ayer el Consejo de Ministros, una y el Congreso otra, y habrán de iniciar seguidamente el trámite de su aprobación definitiva en las cámaras. Son el fondo de rescate para entidades financieras con problemas, llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y la ley reguladora del Derecho de Asilo y de la protección subsidiaria.
Ya con anterioridad a su probación por el Gobierno, el llamado Fondo Bancario había suscitado múltiples comentarios, y había requerido multitud de negociaciones entre los grupos políticos, dado el interés que mostró el PSOE en alcanzar alguna base de consenso. Finalmente, y según ha relatado Cristóbal Montoro, el entendimiento con el PP no fue posible, sobre todo por el deseo de Rajoy de restar competencias a las Comunidades Autónomas a las cajas de Ahorros.
Según el texto aprobado por el Gobierno, se refuerza el poder del Banco de España en los procesos de fusión o adquisición de unas entidades por otra, y al presidente gobernador del Banco de España le corresponde pilotar las crisis bancarias que vayan surgiendo, y determinará, finalmente, qué entidades deben fusionarse o cuáles tienen posibilidades de supervivencia por sí mismas. Pero no será un proceso sencillo, y no se descarta que a menudo se produzcan choques con las autoridades de una determinada Comunidad Autónoma que proyecte algo distinto a lo que entienda el gobernador del Banco de España. El proyecto rechaza que los gobiernos regionales puedan llegar a tener poder de veto en las comunidades intervenidas, posiblemente el aspecto más difícil de hacer cumplir.
El Fondo FROB nace ante la comprobación de que ya hay varias entidades financieras, sobre todo cajas de ahorros, con dificultades o a punto de tenerlas. El Gobierno pone a disposición de los probables beneficiarios un Fondo estatal de nueve mil millones de euros, con la posibilidad de que se incremente hasta los 99.000 millones en atención a las necesidades que surjan. Y hasta un tope de 36.000 millones este mismo año. Pero se habrán de considerar «uniones voluntarias» entre cajas, y uniones inducidas o forzadas por la autoridad del Banco de España.
En las primeras, se mantendrá la autoridad de los gobiernos autonómicos. Además de poder recurrir al Fondo de Garantía de Depósitos, con la nueva norma se podrá recurrir también a los fondos del FROB, a cambio de participaciones preferentes o devolviendo el dinero en un plazo que se determinará en cada caso. Para que se produzca una fusión entre cajas, no será necesaria la autorización previa de la correspondiente Comunidad Autónoma, pese a lo que establece la ley de Cajas. De ahí que se sospeche que surgirá más de un conflicto de competencias, como ya han advertido los partidos nacionalistas CiU, ERC y BNG.
Ya este viernes, el diario «La Vanguardia» anunciaba la posible fusión de cuatro cajas de la Comunidad catalana, las de Sabadell, Manresa,(ésta aún se lo está pensando) Terrasa y Manlleu. Hoy añade que las referidas cajas ya han comunicado a sus respectivas plantillas el plan de fusión, y que ese proyecto será llevado el martes al Banco de España. A su vez, en el diario «El País» se asegura que hay otras tres cajas catalanas, Caixa Cataluña, Girona y Tarragona, que también podrían unirse en una sola…
Es decir, que el conjunto de once cajas catalanas actuales se vería reducido a sólo tres o cuatro. Pero todas, en el ámbito catalán, después de que se especulara con la posibilidad de un entendimiento entre Caja Cataluña y Bancaza, propósito que superaría las competencias del presidente de la Generalitat y forzaría a intervenir al gobernador del Banco de España…
Y no son los únicos casos de «movimientos» próximos o futuros. En Castilla y León, Caja Segovia y Caja Avila han iniciado una fase de estudio, y también Caja Dinero y Caja España. En Andalucía Unicaza y Cajasur también contemplan su futura colaboración…
Por lo que se refiere a la Ley reguladora del Derecho al Asilo y de la Protección Subsidiaria, también aprobada ayer, pero ésta en el Congreso de los Diputados, garantizará los derechos de los refugiados con discapacidad, independientemente de cuáles sean los motivos de persecución.
Esta medida es fruto de las propuestas y planteamientos realizados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para evitar situaciones de desventaja y discriminación jurídica de las personas con discapacidad con respecto al resto de ciudadanos. De esta forma, los refugiados con discapacidad tendrán acceso a los derechos reconocidos en la Convención de Ginebra y, en concreto, a los servicios públicos de empleo, a la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda, la asistencia social y servicios sociales y a los programas de integración en las mismas condiciones que los españoles.
JOSE CAVERO
