MADRID, 1 (OTR/PRESS)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, decidió ayer, inequívocamente y por unanimidad, respaldar a la Justicia española y la Ley de Partidos y declarar que la disolución decidida por la Justicia española de ilegalizar Herri Batasuna, en 2003, era necesaria y ajustada a derecho, por la sencilla razón de que los lazos de HB con la banda terrorista ETA son una amenaza para la democracia. La ley de Partidos de 2003 había sido utilizada por el juez Baltasar Garzón y por la Abogacía del Estado para proceder en España a la ilegalización de Batasuna, por entender que vulneraba los preceptos de la referida ley.
Aquella ley, se recordará, era fruto del entendimiento de socialistas y populares expresado previamente en el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo y contemplaba la ilegalización de cualquier asociación cuya actividad vulnere los principios democráticos, «particularmente cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar y eliminar el sistema democrático». La ley considera pruebas de esas intenciones dar su apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, y exculpando su significado y la violación de derechos fundamentales que comparte».
El Tribunal de Estrasburgo no ha dudado en avalar la ilegalización de HB, confirmando que Batasuna era un instrumento de la estrategia de ETA. En aquel momento, algunas asociaciones, como Amnistía Internacional e incluso el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresaron ciertas dudas sobre la compatibilidad de la norma con las libertades de asociación y expresión política. Y basados en los mismos argumentos, los dirigentes de Batasuna acudieron a Estrasburgo alegando que la disolución violaba la Convención Europa de Derechos Humanos.
En cambio, el tribunal de Estrasburgo ha avalado la aplicación de aquella ley española, ya que considera que la disolución de Batasuna viene acreditada por los mismos preceptos, y considera justificada la restricción de los derechos de asociación cuando se trate de una medida necesaria en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral y la protección de los derechos y libertades ajenos. El tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la ley de partidos y asegura que las formaciones ilegalizadas tenían un compromiso con el terror. Y se entiende que el fallo judicial es un duro revés para los radicales y para un cierto nacionalismo vasco, que se ve también alcanzado por la sentencia.
Cabe recordar que, a cuento de aquella Ley de Partidos, el PNV consideró la democracia española «de ínfima calidad». Todavía ahora, y tras la sentencia, el PNV ha afirmado que la analizará con cautela. Por el contrario, socialistas y populares destacan que se trata de un importante avance en la lucha antiterrorista. Se coincide en que el tribunal europeo cierra el círculo de dudas sobre la ilegalización del partido «abertzale».
De manera que la decisión del Tribunal de Estrasburgo, además de terminar con una vieja reclamación batasuna, da total apoyo a los planteamientos que han venido haciendo los Gobiernos españoles, primero de Aznar y luego de Zapatero, en idéntico sentido y con el mismo propósito de alejar de la vida política a los «socios» de la banda ETA. A la satisfacción del actual y del anterior Gobierno se añaden Mayor Oreja o Baltasar Garzón, que también participaron en la misma batalla política, de manera conjunta.
