MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Ya han pasado a la historia, y a ser motivo de chanza y de broma, los trajes que el presidente valenciano Francisco Camps habría recibido como obsequio de la trama de organizadores de eventos de Correa y El Bigotes. Pero, todo permite suponer que, paso a paso, se aproxima el momento en que el «presunto honorable» se siente en el banquillo de los acusados y, con juramento de decir nada más que la verdad -pero también sin obligación de acusarse a sí mismo- explique lo que sucedió con aquella organización que se ofrecía para disponer y garantizar el mejor uso de toda suerte de eventos que les fueran encomendados: congresos, celebraciones, ferias y restantes festejos. Se supone que «con toda confianza», a los mejores precios del mercado, y sin necesidad de recurrir a los concursos de ideas y de precios…
Los diarios de este martes son coincidentes en observar que Camps «está al borde del banquillo por culpa de los cuatro trajes», ya que el juez Flors, el magistrado que redacta la instrucción del caso, considera muy probable que aceptara los regalos de Alvaro Pérez y, por ello, inicia los trámites para que un jurado popular elegido por sorteo juzgue al presidente de la Generalitat valenciana. El juez ha llegado a la conclusión a la que hemos llegado casi todos, exceptuados Rajoy y algunos pocos más: a saber, que los famosos trajes de Camps se los regalaron Correa o El Bigotes…, y consiguientemente, que existen indicios suficientes de que se habría cometido un delito de cohecho del político por admitir regalos a cambio de favores o detalles…
De ahí que también deduzcan los medios informativos y sus analistas que el futuro político de Camps está pendiente de la decisión que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana adopte sobre ese inminente recurso, y que se acaba de dar un salto cualitativo trascendente. Por su parte, y en fuentes próximas al propio Camps se insiste en su presunción de inocencia y se asegura que recurrirá el auto, alegando que las acusaciones no han sido probadas.
Pero, aterrado ante el banquillo que se aproxima, Camps sigue agarrado al cuello de Rajoy, que sigue declarándose fiel y fiado de la declaración de su correligionario valenciano, aunque ambos comprueben que se están quedando en soledad en este asunto que ya les asedia. De continuar la historia por los caminos que ya empieza a pisar, el líder del PP valenciano sería el primer político en ser juzgado por un jurado por causa de un hecho sancionable con 2.500 euros. Una dádiva o regalo costosísimo, para un líder político y para su partido, con toda probabilidad. Pero «dura es la ley». Es cierto que el magistrado rechaza que se haya producido financiación irregular, tráfico de influencias o corrupción. Salvo cohecho, aceptar regalos a cambio de haber otorgado contratos para la organización de eventos…
Y del mismo modo, aguanta y resiste el PP en el caso paralelo de Luis Bárcenas, el senador y tesorero del PP. También hay una «admirable» capacidad de resistencia. Bárcenas como Camps, insisten en su inocencia, y en el PP, Rajoy y Cospedal insisten en su derecho a reclamar ese derecho constitucional, convencidos acaso de que se producirá un milagro que ya pocos esperan o decididos a hundir sus carreras políticas con los acusados…
