MADRID, 10 (OTR/PRESS)
Parece que, por fin, tendremos nuevo modelo de financiación autonómica en un Consejo de Policía Fiscal y Financiera convocado para la próxima semana, al borde del último tope fijado en el calendario por Rodríguez Zapatero. Era, al parecer, la buena noticia a raíz de un último encuentro del consejero catalán, Antoni Castells, con la vicepresidenta Salgado el pasado jueves. Pero no debería ser tan buena la noticia si el origen es, una vez más, la gestión bilateral de un asunto multilateral.
Esa es justamente una de las dos aberraciones del modelo de financiación autonómica, el vigente y el próximo. Me refiero al poder condicionante de Cataluña, que ha crecido ostensiblemente durante el reinado de Zapatero, en la distribución de recursos entre el resto de las Comunidades Autónomas (excepto Navarra y País Vasco, que tienen un régimen especial).
El otro gran agujero del sistema es de concepto: que el reparto se haga entre territorios y no entre ciudadanos. Un paso atrás en el valor de la solidaridad entre personas. Y un paso adelante del territorio o los territorios preferentes, organizados como Comunidades Autónomas en nuestro sistema constitucional. Cataluña vuelve a abrir el paso en este sentido cuando al apelar continuamente al 9% de su PIB como aportación a la solidaridad con el resto de los españoles. Aportación calificada de «supergenerosa» por el líder de Convergencia y Unió, Artur Mas, este jueves, en un desayuno de Europa Press.
Pero la solidaridad está más allá de la matemática. No solo la desborda sino que la contradice, puesto que exige mayor aportación de quien más tiene, de modo que las regiones que menos tienen perciban más recursos para que sus ciudadanos no reciban menos prestaciones ni menos servicios que los ciudadanos que viven en aquellas Comunidades más ricas. La única manera de medirlo es mediante el recurso medio por habitante.
El líder de CiU comparte esa filosofía pero ceñida únicamente a servicios esenciales: Educación, Sanidad y prestaciones sociales (subsidio de paro, pensiones, etc.). «Y a partir de ahí el reparto ha de ser necesariamente desigual», dice Mas. Así, las Comunidades que aportan más riqueza al PIB nacional (Cataluña, Madrid, Baleares), recibirán por encima de la media.
¿Y qué va a pasar con las demás Comunidades? Que, con mayor o menos grado de conformidad, acabarán apoyando el modelo constituido a partir del entendimiento bilateral del Gobierno de la Nación con la Generalitat. Por la cuenta que les trae, pues si al final el modelo fuera rechazado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o posteriormente en el Congreso (modificación de la LOFCA), las Comunidades tendrían que devolver el dinero recibido a cuenta de impuestos, cuya recaudación, por cierto, ha caído sensiblemente a consecuencia de la crisis.
