MADRID, 13 (OTR/PRESS)
Por definición, todos los partidos políticos se financian de manera ilegal, por mucho que las leyes de conveniencia corporativa que se inventan y que aprueban en el Parlamento autoricen y consagren el chanchullo y la opacidad. Por definición, bien que según la casi extinguida lógica de la honestidad política, todos aquellos recursos que no provengan de las cuotas de los militantes y de los festivales, cuestaciones o rifas que los partidos puedan organizar para allegar fondos, son recursos de dudosa procedencia, pues incluso aquellos librados por el Estado en función de la presencia de los partidos en las cámaras y en las instituciones, contienen el germen del agravio y la falta de equidad, e incluso en ocasiones el germen del mismísimo toco-mocho.
Ahora bien; pudiera ser, y sobre el particular el señor Bárcenas tendría mucho que decir, que el Partido Popular se llevara la palma en ésto de la financiación chunguísima, en ésto de las dádivas que los donantes recuperan con intereses crecidos cuando el partido receptor está en condiciones de devolvérselas, e invariablemente, por lo demás, con dinero público.
Todo favor se paga, y por ello en lo privado y en lo público, en lo personal y en lo colectivo, hay que huir como del diablo de los favores. Es lógico que quien da, no siendo un familiar o un amigo, que también, esté, en realidad, invirtiendo, de modo que si nuestra vida política estuviera regida por la decencia se prohibirían radicalmente las donaciones a los partidos y, desde luego, a los políticos, con lo que se reforzaría la seguridad de la Caja común, se enfriarían algunas tentaciones y se descargaría de trabajo a la Fiscalía y a los jueces.
Porque además ocurre que los cacos nunca devuelven lo que roban, que ahí está Roldán, con un pie en la calle, aprestándose a disfrutar, según parece, de su gran botín, o los delincuentes de la Operación Malaya, que no se sabe dónde escondieron los millones que recibieron por autorizar en Marbella moles de apartamentos donde debían ir escuelas, centros de salud, bibliotecas, jardines o centros de mayores. Si los partidos, en fin, pillan donde no deben, lo que no deben, ¿quién nos defiende de su rapacidad?
