MADRID, 16 (OTR/PRESS)
El Defensor del Pueblo del País Vasco, el Ararteko, acaba de presentar en el Parlamento Vasco un informe ciertamente estremecedor sobre algunas de las consecuencias que genera la violencia terrorista de ETA. Dos datos del citado informe destacan sobre todos los demás: el Ararteko cifra en unas 42.000 las personas que sufren en este momento amenazas, extorsiones o coacciones de ETA. En segundo lugar: un 15 por ciento de jóvenes vascos entre 12 y 16 años no rechaza o justifica la violencia de la banda terrorista.
La Comunidad Autónoma Vasca tiene una población que ronda los 2.155.000 habitantes, lo que significa que, según el Ararteko, dos de cada cien vascos sufren directamente la coacción terrorista de ETA. Con que sólo hubiera una sola persona en esa situación ya sería grave, pero estamos hablando de 42.000, amén de que todos los vascos, salvo los muy «amigos» de los terroristas, pueden sufrir en algún momento las consecuencias de un atentado, como sucedió hace unos días en Durango con los vecinos del edificio donde en sus bajos estaba situada la sede del PSE, que tuvieron que ser desalojados antes de que explotara la bomba que ETA había colocado en la Casa del Pueblo de la citada localidad vizcaína.
Que en el País Vasco se vive desde hace muchos años una situación de anormalidad democrática, de falta de libertad para una parte muy importante de su población, es algo sabido. Que todos los concejales del PP y del PSE tengan que ir con escolta, es algo muy grave; que los miembros de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Ertzaintza sean objetivos directos de ETA simplemente por vestir un determinado uniforme, es una aberración; que empresarios, jueces, intelectuales, periodistas estén en el punto de mira de la banda terrorista, pone de manifiesto la falta de libertad en la que se vive en un rincón de Europa a comienzos del siglo XXI. Si a todo eso se añade el dato de que el 15 por ciento de los jóvenes vascos no rechaza o justifica la violencia de ETA, el panorama no puede ser más desolador.
Habrá que concluir diciendo que queda mucho por hacer y que si realmente se quieren recuperar espacios de libertad para todas esas personas amenazadas, lo más urgente y prioritario es conseguir cuanto antes la derrota total de ETA. Simultáneamente, habrá que trabajar con ahínco desde las Instituciones Públicas por la deslegitimación social del entorno que sigue apoyando a la banda terrorista. El Ararteko recomienda que en todos los ayuntamientos vascos en donde ha habido personas asesinadas, se dediquen calles y monumentos en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Está muy bien esa recomendación, pero parece más lógico que antes de poner una calle a las víctimas, se saque «a la zorra del gallinero»; es decir, que se desaloje a todos los alcaldes o concejales de ANV que todavía permanecen en 43 Ayuntamientos vascos y navarros. En cualquier caso, hay mucho camino por recorrer y el actual Gobierno Vasco con el lehendakari López a la cabeza tiene la grave responsabilidad de intentarlo.
