MADRID, 16 (OTR/PRESS)
No hay duda de que esta primera parte del curso ya consumida ha sido especialmente áspera y dura en el Congreso de los Diputados. Semana tras semana hemos tenido oportunidad de escuchar los debates intensos y a menudo muy severos que han mantenido Zapatero y Rajoy, De la Vega y Soraya, casi siempre «a cara de perro» y sin contemplaciones. La oposición parecía necesitada de demostrar que era todo lo contrario a «blanda» y tolerante, y se ha servido, y a menudo, de la crisis, para culpabilizar a Zapatero de todos los males de la economía española en el último año, aunque el discurso haya ido modificándose.
Primero se centró en el retraso de Zapatero en admitir la crisis y en el hecho de que «nuestra» crisis era diferente, más grave y aguda que en los restantes países. Luego, se detuvieron las críticas en las medidas adoptadas y en su ineficacia, particularmente en la escandalosa cifra de los cuatro millones y medio de parados. Los datos de la marcha económica en los dos últimos meses han suavizado un poco estas críticas y han procurado hallar otros frente de combate: Chacón alarmó por su anuncio de que «nos vamos de Kosovo», aunque todos los grupos parlamentarios estuvieran de acuerdo en hacerlo. Chacón y Trinidad Jiménez alarmaron -o así se nos presentó la información- por su descoordinación en el caso de los militares afectados por Gripe A. Corbacho no lograba avance alguno de la mesa de diálogo social, y los sindicalistas seguían resistiendo a cualquier reforma del mercado laboral que pudiera facilitar el acceso al trabajo de muchos parados. Y por si faltaba algo, apareció en escena la cuestión de la financiación autonómica, que ha venido protagonizando muchas deliberaciones y discusiones durante mucho tiempos, hasta su solución final.
Quedan en el escenario político un par de asuntos más, aún sin resolver, como son la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, y la mesa del diálogo social y sus propuestas de eventuales reformas. Pero sólo la segunda cuestión alcanzará a los parlamentarios. El Estatut dará mucho que hablar, ciertamente. ¿Qué otra cosa queda? El presidente Zapatero se había comprometido a comparecer en el Congreso para dar cuenta de la evolución de la crisis económica, pero los votos de CiU y de CC le han permitido posponer esa rendición de cuentas hasta el mes de septiembre, cuando se reanuden las actividades parlamentarias.
CiU trataba de que ese pleno en los próximos días pudiera centrarse en la financiación autonómica, de la que los convergentes han quedado descolocados y en mal lugar. Prefieren que la cuestión se enfríe y se alargue en el tiempo. Y cuando antes de que llegue septiembre, allá por el día 24 de este mes, se habrán vuelto a conocer los nuevos datos de la siempre temida Encuesta sobre Población Activa, el paro registrado en el mes de julio y el crecimiento o lo contrario del PIB en el segundo trimestre. Tres datos clave para cualquier debate económico sobre la marcha de la crisis y sus eventuales respuestas.
Varios miembros más del Gobierno también tenían cuentas que rendir al Congreso, pero casi todos han sido pospuestos a septiembre, salvo el titular de Industria, Miguel Sebastián, que deberá comparecer y explicar la subida de la luz antes del apagón veraniego… El resto, «cuando llegue septiembre», con fuerzas renovadas.
