MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Demasiado gruesas las acusaciones formuladas oficialmente por el PP contra quienes «utilizan los medios del Estado» en «una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio» de ese partido y de sus cargos públicos, utilizando «un determinado medio de comunicación» como difusor del mensaje.
Una vez más el partido de Rajoy arremete contra el mensajero sin acusar recibo del mensaje. El mensaje añade nuevos nombres de significados militantes del PP (Barberá, Cámara y Agag) a la lista de personas implicadas en el caso «Gürtel», contaminadas de uno u otro modo por Francisco Correa, uno de los padrinos de la boda de la hija de Aznar, que sigue en prisión (Correa, no el ex presidente, ojo).
El tal Correa era el jefe de la trama corrupta que retribuía con comisiones, dádivas o regalos la carga de trabajo público que, por adjudicación directa, recaía en sus numerosas empresas. Sobre todo en las Comunidades de Madrid y Valencia, donde sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia siguen sendas causas contra aforados del PP, amén de la seguida en el Tribunal Supremo contra el senador, Luis Bárcenas, y el diputado, Jesús Merino.
En ese contexto, saltan ahora tres nuevos nombres de mayor o menos implicación en el escándalo. El de mayor resonancia política y mediática es el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Pero también es el que tiene menos relevancia penal, por no decir ninguna. Sin embargo, la difusión de este nombre, en base a un informe policial que ni siquiera consta en el sumario, que se sepa, ha suscitado una desmedida reacción en la calle Génova.
En pleno fin de semana, la dirección nacional del PP hizo público un comunicado en el que, además de dar por sentado que el Gobierno Zapatero impulsa estas filtraciones, incluye a los medios de comunicación en la lista de instituciones obligadas a silenciar informaciones que pongan en riesgo principios como la presunción de inocencia, el honor de las personas o la buena imagen de un partido político.
No recuerdo un celo semejante respecto a ciertas filtraciones sobre la conducta del juez Garzón, el ministro Bermejo, Alberto Saiz, Manuel Chaves, etc. No tenía por qué hacerlo. Ni entonces ni ahora. En una democracia sana la información juega un papel de control social de los gobernantes, que están obligados a ser ejemplares en su comportamiento público.
Nadie en su sano juicio podrá sostener que la señora alcaldesa de Valencia está indefensa. Otra cosa es que se refugie en el silencio y sólo quiera hablar ante los jueces. Está en su derecho. Pero no puede imponerlo a los medios de comunicación, que tienen el deber de informar, como los ciudadanos tienen el derecho a estar informados.
