MADRID, 27 (OTR/PRESS)
Como la política anduvo entre los pucheros del mal cocinado diálogo social, la política determina también la asignación de culpables. Unos, con el Gobierno. Otros con la patronal CEOE. A los sindicatos (Fernández Toxo, Cándido Méndez) se les supone alineados con Moncloa y, por tanto, ceden su protagonismo al Gobierno socialista, teóricamente más próximo a la causa de los trabajadores que a la de los empresarios.
Díaz Ferrán acusa a Zapatero de romper unilateralmente el diálogo. Y éste acusa a aquél de presentar unas reivindicaciones inasumibles y buscar la ruptura con su último documento, más radical que los anteriores. Ahí se proponía nada menos que el despido libre y una rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en torno al 5 por ciento, aunque nominalmente se hubiera bajado al 3 su pretensión inicial.
Sin estar en el secreto de la fracasada negociación, sí queda claro el intento de poner la caja de la Seguridad Social, de donde salen las pensiones, al servicio de los empresarios. Hasta el punto de dejar el sistema «al borde de la bancarrota», según fuentes de Moncloa. De ser así, revelaría una actitud irresponsable de absoluto desprecio a los millones de españoles que, a diferencia de Díaz Ferrán, no pueden pagarse un fondo privado que cubra riesgos y garantice una jubilación digna.
Según los cálculos oficiales, la rebaja de cinco puntos en las cotizaciones hubiera supuesto una transferencia de 18.000 millones de euros anuales desde la caja común de la Seguridad Social a las cuentas de resultados empresariales. Y para colmo, en ninguna parte del documento presentado por la CEOE se garantizaba en absoluto una contraprestación en creación de puestos de trabajo.
Sumemos otras reivindicaciones de la patronal. Por ejemplo, la total desregulación del despido, la reducción del impuesto de sociedades (hubiera supuesto unos 1000 millones de euros anuales que la Hacienda Pública habría dejado de ingresar), el endose al Estado del 100 por cien de las cotizaciones sociales en los expedientes de regulación de empleo (ahora esa carga la comparten Gobierno y patronal al 50 por ciento) y que además el Gobierno cargase con los costes del absentismo laboral (desde el cuarto día hasta el día 15 de la baja laboral, íntegramente a cargo del Gobierno, quería la patronal).
Así las cosas, resulta verosímil esa acusación de Gobierno y sindicatos de que el empresariado español, a juzgar por las exigencias de la patronal, pretendía sobrevivir en la crisis económica a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Si realmente eso se ha producido tal cual, hizo bien el presidente del Gobierno en bajarle los humos a Díaz Ferrán, aunque sea una mala noticia el desacuerdo de los actores económicos y sociales.
