MADRID, 30 (OTR/PRESS)
Desde luego, trato de evitar que este comentario tenga un carácter ombliguista. Pero ocurre que el derecho a recibir una información completa, plural y libre no es cosa que nos competa exclusivamente a los periodistas, ni que debamos gestionar solamente los profesionales de la comunicación. Siempre he pensado que el derecho a la información es lo más valioso que la persona pueda atesorar tras la vida y la integridad física; un derecho exigible sin cortapisas ni limitaciones. Por eso, debo decir que me apena la situación de la información en España.
Suscita mi reflexión una entrevista publicada por el New York Times con el presidente Zapatero, en la que éste anuncia un posible incremento de las tropas españolas en Afganistán. Perfecto, basta con que lo pida Obama para que nadie se atreva a chistar. No seré yo quien critique al presidente del Gobierno de España por dar este paso. Sí debo hacer constar, no obstante, que es este mismo Zapatero quien afirmó que no habría más soldados españoles en aquel país irredento, una afirmación corroborada por el ministro de Asuntos Exteriores y no negada por la titular de Defensa.
Es decir, a los españoles se nos comunicó una cosa, los hechos dijeron otra y al influyente NYT se le concede el papel de ratificar el desmentido a lo que se dijo antaño («antaño» es, al fin y al cabo, algo que se prometió hace no muchos meses, y ya ven ustedes…).
No quiero caer en la simplificación de afirmar que nos mintieron entonces. Pienso que las circunstancias cambian, y que de sabios es, cuando conviene, cambiar de opinión, de manera que lo que ayer era verde hoy resulta azul, o viceversa. Pero sí tengo que decir que este viraje, y es solamente un ejemplo, muestra el escaso respeto que desde la Administración (desde las administraciones, desde los partidos, desde las instituciones) se tiene hacia el papel que representan los medios de comunicación: ni una disculpa, ni una aclaración, porque ayer se dijera una cosa y hoy otra.
Llegados aquí, resulta inevitable, aunque comprendo que me aferro a un ejemplo extremo y casi ridículo, referirse a la conducta del jefe de prensa del Ministerio de Trabajo, amenazando el pasado miércoles a un periodista de TVE que hizo una pregunta «fuera del guión» -pero muy pertinente– al ministro; el citado jefe de prensa tuvo la mala suerte de que una cámara de televisión grabase su amenaza, de que esa cámara fuese de Televisión Española y de que el director de Informativos de TVE sea quien es y no se arredre tan fácilmente. Pero casos como este se repiten con demasiada frecuencia, si bien admitamos que no de manera tan burda y virulenta, aunque no haya cámaras para reflejarlos y denunciarlos.
Directores de comunicación (dircoms) que no se ponen al teléfono a los periodistas los hay en varios ministerios, en algunos partidos, en bastantes instituciones y en ciertas empresas; por lo visto, les basta con enviar el comunicado oficial que corresponda, esperando que, dócilmente, los medios lo reproduzcan. Líderes políticos, ministros y capitanes de la empresa y de la banca que no admiten preguntas en sus comparecencias ante la prensa tampoco faltan, ni mucho menos. Y es obvio que no hablo solamente de gentes en la órbita del partido gobernante: tampoco Mariano Rajoy ha sido un prodigio de transparencia mientras se engangrenaba el «caso Bárcenas», por poner apenas otro ejemplo.
Claro que hay que decir, no sin dolor, que tampoco faltan periodistas que aceptan estas circunstancias y sonríen mansamente ante el desplante o el desprecio. Esta situación, me parece, tiene que acabar. Y no lo dice un periodista, sino un ciudadano consciente de sus derechos en una democracia. Por cierto: ¿ha sido cesado ya el amenazador dircom del Ministerio de Trabajo, o sigue cobrando su sueldo de mis impuestos?
