José Cavero – Suplicatorios para Bárcenas y Merino.


MADRID, 30 (OTR/PRESS)

Finalmente, y como casi todos sospechaban, el Tribunal Supremo ha quedado insatisfecho con las explicaciones que le aportaron los dos parlamentarios del PP implicados en el Caso Gürtel y reclaman autorización del Senado y del Congreso para profundizar en las investigaciones que deberán incluir en la depuración de responsabilidades penales, si las hubiese, particularmente por razón de cohecho y de fraude fiscal.

Es decir, que ni Luis Bárcenas ni Jesús Merino convencieron al juez instructor ni al fiscal y que ambos estuvieron de acuerdo en reclamar más datos a los encausados. Si se pudiera proceder al juicio final y anticipar la opinión de la mayor parte de los ciudadanos, se llegaría a la misma conclusión: que los aforados tienen que dar muchas más explicaciones para resultar convincentes, y que todo permite suponer que violaron reiteradamente la ley en beneficio propio. Pero otro tanto sucede con los restantes presuntos implicados o encausados en el caso.

Se da, sin embargo, el caso curioso de que es muy distinto el trato que desde la presidencia del PP se viene dando a unos y otros implicados en la trama de corrupción que descubrieron la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón, hace unos cuantos meses, y que ha mantenido una permanente actualidad en los medios informativos. Hubiera sido asombroso que el partido opositor impulsara, desde el primer momento, la expulsión del partido de todos los implicados, que ya casi ascienden al centenar. Es evidente que Mariano Rajoy ha pretendido «controlar los tiempos» en función de las personas implicadas: no ha tratado igual a los alcaldes de Pozuelo o Boadilla, o al consejero de Aguirre -que fueron destituidos de inmediato de sus cargos- que al presidente valenciano Camps o que al senador y tesorero Bárcenas…

En estos últimos casos, Rajoy ha resistido todo lo posible, se ha solidarizado con el implicado no sin coste político. Incluso se pone en boca de Rajoy la sospecha, la «información privilegiada» o la esperanza de que Francisco Camps se vea libre de culpa, en los próximos días, por razón del argumento de la defensa de «defecto de forma», lo que pudiera significar un notable escándalo dada la «profunda amistad» que Camps confesó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana, el magistrado De la Rúa.

De todos modos, parece evidente que no terminan los problemas en el PP, y que con el Caso Gürtel «en pleno esplendor», y en fase de decisiones «penúltimas», ha reaparecido otra delicada materia que reaviva las pésimas relaciones de Gallardón y Aguirre por el control del PP madrileño. La comparecencia ante la juez que lleva el caso de «los espías» de la Comunidad de Madrid de tres guardias civiles «fichados» por el consejero Granados, ha excitado a su compañero y sin embargo escasamente amigo Manuel Cobo, de modo que tenemos servida la pelea de los números dos: el dos de Gallardón, Cobo, contra el dos o tres de Aguirre, Granados.

Por cierto, que uno de los diarios que en mayor medida siguió de cerca todo el caso de los espías de la comunidad de Madrid recuerda hoy «la legislación vigente»: El Código Penal impone hasta un año de prisión por engañar en una comisión. Y señala que esta investigación de los espías ahora recuperada, revela las mentiras que el Gobierno de Esperanza Aguirre vertió reiteradamente en la Asamblea de la Comunidad, antes de dar carpetazo al asunto…

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