MADRID, 3 (OTR/PRESS)
La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP de al menos tres comunidades autónomas y seis ayuntamientos, ha acreditado que el presidente valenciano, Francisco Camps, recibió numerosos regalos en forma de trajes, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol (701 euros reflejados en la caja B de la trama corrupta), según contaba hoy el diario El País. Algunos regalos le llegaban por Navidad y otros en cualquier otro momento, según la misma investigación del caso. Pese a ello, los tres magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que dilucidaron este lunes si el presidente de la Generalitat valenciana debía ser juzgado por un presunto delito de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe regalos aunque sea a cambio de nada), decidieron sobreseer el caso, en una decisión que se esperaba en la presidencia y dirección del PP, y que deja a la opinión pública sorprendida y confusa. Es sabido que Camps y los restantes aforados del caso, juzgados por el tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, habían presentado los correspondientes recursos ante el instructor del caso en Valencia, José Flors, quien entiende que éstos habrían cometido un cohecho pasivo susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular.
Hace días que desde la presidencia del PP se ha venido señalando su confianza, parece que apoyada en información privilegiada, de cuál habría de ser el sentido de la decisión de los jueces del TSJCV, pese a que el juez Flors hubiera encontrado múltiples indicios de la existencia del cohecho, aunque no ha investigado si los regalos recibidos de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana estaban relacionados con los contratos logrados por la empresa Orange Market, que apadrinaba Alvaro Pérez, alias El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama Gürtel. El principal contrato que Pérez conseguía cada año tras establecerse en Valencia era el de diseño, montaje y desmontaje del pabellón de Fitur en Madrid. El Tribunal de Cuentas ha apuntado múltiples irregularidades en ese expediente. Tanto Milagrosa Martínez, consejera de Turismo durante los años en que logró el contrato, hoy presidenta del Parlamento valenciano, como su jefe de gabinete, Rafael Betoret, recibieron regalos caros de la trama corrupta. Ella, un reloj valorado en 2.400 euros (400.000 pesetas); él, numerosos trajes. Además de los contratos del pabellón de Fitur en cinco años consecutivos (a razón de un millón de euros de media por cada contrato), la empresa Orange Market consiguió otros 40 encargos menores, la inmensa mayoría adjudicados a dedo y algunos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas que hubiera dificultado la adjudicación.
El PP había mostrado su confianza, tanto en boca de Rajoy como de Camps y González Pons, en que la Sala Civil y Penal de Valencia tomaría hoy una decisión y terminaría el «calvario» de Camps, ya que consideran que los tres magistrados encargados de resolver el recurso que presentó el presidente valenciano contra la decisión del juez Flors estaban de su parte. Uno de ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, es amigo íntimo de Camps, según declaró el propio líder del PP. Aunque, durante todo el proceso, distintas partes han barajado la posibilidad de recusar a De la Rúa por este motivo, nadie acabó haciéndolo. La citada Sala tenía previsto resolver el asunto a finales de la semana pasada, pero decidió seguir estudiando el caso este fin de semana y posponer la decisión última hasta hoy, tras encontrarse el pasado jueves con algo inesperado: el juez de Madrid que investiga la parte gruesa de la trama corrupta, Antonio Pedreira, remitió un auto a sus colegas de Valencia en el que indica que no cabe juzgar a los aforados de esa comunidad dejando al margen a Correa, Crespo y El Bigotes. Según su resolución, hacer eso «rompería la continencia de la causa». En el mismo auto, además, recordaba a sus colegas valencianos que hay cajas de documentación aún sin abrir, de lo que se infiere que podrían aparecer nuevos indicios que apuntalen la comisión de un cohecho. Junto a la satisfacción del PP, la decisión de los tres jueces valencianos deja tras de sí un reguero de desconfianzas que probablemente se transforme en recursos, sobre todo contra el propio presidente De la Rúa, cuya «amistad íntima» con Camps lo descalificaba desde el primer momento para enjuiciar el asunto. El propio tribunal que ahora ha sentenciado el caso con su sobreseimiento tras atender el recurso de los imputados, que pidieron el sobreseimiento de la causa alegando no haber recibido trajes como regalo de empresas de Francisco Correa, ni haber incurrido en irregularidades en la adjudicaciones a la empresa Orange Market, sin embargo, la resolución de la sala, indica que «no cabe descartar de forma absoluta otras versiones», es decir, que no excluye que pudiese ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y de las irregularidades de la prueba documental. La resolución señala también que «no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente, de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza «en consideración a su función», por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público…». El auto, notificado este lunes a todas las partes, cuenta con el voto particular de uno de los magistrados que forman la Sala, quien entiende que el sobreseimiento del procedimiento debe acordarse sólo respecto de Ricardo Costa y no a los restantes procesados.
JOSE CAVERO
