MADRID, 6 (OTR/PRESS)
El ex defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, ha dicho en Santander que «endurecer las penas a menores crearía más presos, pero no menos delitos». Urra sí es partidario de algunas reformas en la vigente Ley del Menor, entre ellas una rebaja de la edad penal de 14 a 12 años, pero apunta convencido que la solución no está en leyes más duras sino en una mejor educación. Casi todo tiene que ver con la educación, sobre todo los problemas que se crean o se multiplican cuando la educación funciona mal. Por ejemplo, entre nosotros, aunque muchos sean reticentes a confesar que de aquellas reformas educativas vienen estos lodos. No sólo de ellas, pero sobre todo de ellas. También de los medios. La Asociación de Telespectadores de Cataluña acaba de denunciar la basura –burlas, crueldades, sexismo, menosprecio– que pueden ver niños y adolescentes en horario infantil, aparentemente protegido, sino que recaigan sanciones sobre quienes incumplen la ley.
Simultáneamente, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha puesto el dedo en la llaga. España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa –por encima de Gran Bretaña, que era la que ostentaba el dudoso honor de tener ese récord y muy lejos de las demás– y, sin embargo, una de las tasas más bajas de criminalidad. La cárcel, vistos los datos, no es un instrumento de rehabilitación o de lucha contra la criminalidad, sino un recurso asistencial. Endurecer las leyes, encarcelar a más gente –tenemos 80.000 reclusos–, mantenerla más tiempo en la prisión, por más que tenga una venta política de primer orden y logre el aplauso fácil, no soluciona los problemas, los agrava. Dice Gallizo que un 25 por ciento de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental y, en muchos casos, esos trastornos son serios. La cárcel sólo sirve para esconder a los reclusos.
Lo que sucede es que los ciudadanos no queremos mirar a nuestras cárceles ni exigir que sirvan para rehabilitar a los delincuentes. Con el endurecimiento de las leyes y de las penas los políticos buscan votos y el aplauso de los ciudadanos, pero agravan el problema social. Los delincuentes, jóvenes y sin futuro, un 37 por ciento de ellos inmigrantes, son carne de presidio para toda la vida. Dice el catedrático Díez Repollés que «el Código Penal es duro con el débil y débil con el poderoso». La Justicia no sierre es ciega. Muchas penas son desproporcionadas, pero los que tienen medios tienen más posibilidades de salir mejor parados. Se condena igual el tráfico de 800 gramos de cocaína que un homicidio. El pequeño traficante, los correos de la droga, acaban cumpliendo condenas más severas o más desproporcionadas que los grandes delincuentes. ¿Endurecer las penas, encarcelara más gente o educar mejor? Lo primero es fácil, incluso rápido, pero el problema no se soluciona.
