MADRID, 10 (OTR/PRESS)
Una democracia ha de tener bien tasadas las funciones de su Ejecutivo, de su Legislativo y de su Judicial, los tres poderes clásicos de Montesquieu, a los que habría que añadir que igualmente sería deseable que el «cuarto poder» los medios de comunicación, recuperasen su función, a veces tan limitada por los otros tres poderes, y, en algunos casos, recuperasen también su autoestima y sus objetivos. Lo digo porque observo con preocupación cómo los tres poderes más uno se extralimitan a veces, y otras no llegan, probablemente porque los límites entre lo tolerable y lo que no lo es resultan imprecisos. Hoy me refiero al asunto de las «esposas de la ignominia», otro lamentable motivo para que estos días se hable de Palma de Mallorca, pero hablo también, más genéricamente, de excesos policiales, judiciales y fiscales.
Reconozco no tener sino conocimientos superficiales sobre el caso de corrupción relacionado con la construcción del velódromo de Palma, el «Palma Arena» que dio origen a la llamada «operación Espada»; creo que, en efecto, ha habido épocas al menos poco claras en la gestión de la cosa pública balear y que hace muy bien la Fiscalía Anticorrupción prosiguiendo con sus investigaciones e instando al castigo de los culpables, cuando se haya constatado que lo son. Pero también confieso que he sentido un enorme enfado al ver las fotografías de los acusados de haber alterado los precios de la construcción del «Palma Arena» sucios tras dos noches en prisión, esposados –mano derecha con mano derecha, entorpeciendo sus movimientos– y generosamente expuestos a las cámaras informativas como si de peligrosos asesinos se tratase.
Conste que no trato de exculpar ni minimizar unos presuntos delitos -no han sido juzgados, por tanto no son culpables aún_que, de todas maneras, en alguno de los casos de los esposados ni siquiera merecerán, pienso, una pena de cárcel según el Código Penal. Digo, simplemente, que esos inculpados, que todavía ni procesados, sino investigados, ni suponían riesgo de fuga -son personas conocidas y asentadas en Palma–, ni implican mayor peligrosidad, ni podrían repetir sus presuntos delitos, puesto que ya no ocupan los puestos públicos que entonces ocupaban.
¿A qué, entonces, conducirlos a declarar esposados, a pie, víctimas del lógico afán de los reporteros? Lo voy a decir claramente, y sé que a algunos no les va a gustar: estamos asistiendo a demasiados casos de extralimitación en los procedimientos judiciales, fiscales y policiales, y conste que no hablo, ahora, solamente de las esposas de la vergüenza, sino también del momento en el que ha reaparecido el caso -que lleva un año de instrucción–, coincidiendo con la explosión de las acusaciones acerca de escuchas ilegales a dirigentes del PP.
Lo que no está claro, decía mi abuelo, es que tiene algo de oscuro. Para mí, sigue sin estar clara la conveniencia de exponer a los arrestados –¿?– a la infamia pública. Y me sigue pareciendo al menos indignante que ningún poder del Estado, incluso autonómico o local, se haya tomado la molestia de salir a explicar por qué esas personas –a ninguna de las cuales conozco ni remotamente, desde luego– fueron peor tratadas que los peores delincuentes, siendo así que gentes acusadas de delitos mucho más graves pueden acceder a los juzgados desde los sótanos o el garaje, garantizándose la intimidad de su imagen, como pretende el más básico de los garantismos y el más genérico de los códigos de derechos humanos. Y, si así no se considera oficialmente, que nos lo digan, para saber a qué atenernos.
