José Cavero(2) – También el ministro Caamaño está impaciente


MADRID, 16 (OTR/PRESS)

De vez en cuando reaparece una de las grandes cuestiones políticas pendientes: el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que desde hace tres años examina el Tribunal Constitucional para comprobar si contiene artículos contrarios a la Constitución. En las semanas previas a las vacaciones estivales se llegó a decir que el fallo y sentencia del TC se darían a conocer en estas semanas de agosto, tal vez para reducir el impacto que, indudablemente, obtendrá dicha sentencia. Pues bien, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegura sentir «inquietud» por el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no haya dictado ya una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, tres años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad, aunque afirma que «hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace seis y siete años».

Caamaño señala que la resolución sobre el Estatut será «la más compleja de su historia» porque, a su juicio, «va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías y hacia dónde pueden o no evolucionar». «Me gustaría que ya tuviésemos la sentencia del Estatut, añade, pero soy consciente de la dificultad y de la complejidad de esa sentencia», señala el ministro tras expresar su confianza en que el TC haga «una buena interpretación de la Constitución, aunque luego, políticamente, la resolución guste más a unos o a otros». En España «siempre se van a vivir tensiones, como en cualquier Estado de tipo federal, entre el centro y la periferia». «Habrá ciclos en los que por la situación económica, social o política, dentro de los márgenes de la Constitución, el Estado se hará más centralista y habrá momentos en los que sea más descentralizado.

Esa es la forma de vivir democrática de nuestro sistema», sostiene. Por eso, considera que «quien no esté de acuerdo» con la interpretación de la Carta Magna que realice el alto tribunal en su sentencia sobre el Estatut, lleve a las Cortes Generales un proyecto para «cambiar» los artículos con los que no esté de acuerdo. Sobre la posibilidad de que pudiera ser la presidenta del TC, María Emilia Casas, quien pudiera decantar con su voto de calidad la orientación de la sentencia en favor de la constitucionalidad del Estatut, Caamaño señala que no existe «un problema de mayorías de calidad ni de mayorías más amplias o menos amplias», ya que «cualquier tribunal ha de legitimarse por el peso de sus sentencias y por la capacidad de explicación y de convicción de sus decisiones». Caamaño subraya, asimismo, que «la política se mueve por criterios de oportunidad, y el derecho por criterios de razonabilidad».

El ministro también lamenta que el Estatut se haya visto sometido a «un debate excesivamente beligerante y casi traumático» que derivó en la convocatoria de «una especie de referéndum exótico» por parte del PP. Destaca que esta norma «lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional: Ni se ha roto la unidad de mercado, ni los catalanes tienen derechos distintos de los que tenemos el resto de los españoles. Es decir, se ha vivido y seguiremos viviendo con absoluta normalidad y es paradójico que un Estatuto tan «manifiestamente inconstitucional», según dicen algunos, y que iba a acabar con toda la estructura de nuestro país, ya esté aplicándose todos los días y no haya tenido consecuencias tan dramáticas como algunos nos han querido vender», afirma.

En este contexto, destaca que, tras el de Cataluña, se aprobaron otros estatutos «absolutamente iguales». «Todos tienen derechos, preceptos en materia de financiación, comisiones bilaterales Estado-comunidades autónomas y cláusulas y ampliaciones de competencias, y resulta que el único que es «manifiestamente inconstitucional» es el de Cataluña, cuando además tiene 60 artículos literalmente iguales al Estatuto de Andalucía», concluye.

También se refiere Caamaño a la renovación de magistrados que el TC debería abordar después de que se dicte la sentencia. Asegura que los senadores socialistas están «abiertos» a la negociación de nuevos candidatos, y señala que, si esta medida todavía no se ha llevado a la práctica, es porque los dirigentes del PP «sólo han presentado dos candidatos», el ex presidente del Supremo, Francisco Hernando, y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López.

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