MADRID, 18 (OTR/PRESS)
El presidente en funciones de la Generalitat, Josep Luis Carod Rovira, tiene la intención de convocar una «manifestación preventiva» anterior a la sentencia del Tribunal Constitucional. La prevención es para el supuesto de que no le guste la sentencia y, sin duda, como instrumento de presión hacia el tribunal para que acomode sus criterios a la redacción actual del Estatuto de Cataluña.
En España, con demasiada frecuencia se demuestra que no existe un consenso básico de respeto a las instituciones que constituyen los cimientos del estado de derecho, de forma que la aceptación de las reglas de juego imprescindibles para el funcionamiento de la democracia no es universal.
Si la sentencia del Tribunal Constitucional, como se espera, interpreta el Estatuto de Autonomía en relación con su encaje en la Carta Magna y matiza o recorta algunos aspectos de la ley, desde Cataluña se oirán voces de desacato que ya están anunciadas. Si deja las cosas como están, serán otros los que se reviren contra la resolución.
En otros países democráticos, sólo los grupos radicales y fuera de las instituciones no acatan los principios básicos del Estado de Derecho. Lamentablemente en España no sólo es ETA y sus satélites quienes niegan las reglas de juego. También otros partidos nacionalistas acomodan las leyes a su conveniencia. Pero hay otro factor más preocupante: la actitud del PP, que ha roto los límites de lo que es tolerable en un partido que ha gobernado España y que aspira a volver a hacerlo al desacreditar el estado de derecho y acudir a instituciones internacionales despreciando las garantías que aquí se le ofrecen.
¿Qué autoridad moral tiene el PP para recriminar a quienes se revuelvan contra la sentencia del Constitucional?
