José Cavero – La denuncia de persecución, mal negocio para el PP


MADRID, 25 (OTR/PRESS)

Durante buena parte del mes de agosto, los dirigentes del PP estuvieron repitiendo la acusación de que el PSOE se valía de la policía, los jueces, los fiscaleS, para perseguir hasta su exterminio al PP. Empezó esa serie de mensaje la secretaria Cospedal, quien confirmó que denunciaba con datos de Federico Trillo, y a Cospedal le dieron crédito y seguimiento Javier Arenas, el propio Mariano Rajoy, y naturalmente, el mencionado Trillo, que mencionó dos probables escuchar presuntamente ilegales: una de un magistrado con Francisco Camps, y otra del propio Trillo con uno de los abogados defensores del mismo Camps.

Sobre la base de tan magros argumentos, el PP y sus directivos han gastado mucha pólvora en denuncias que primero dijo que había llevado a los tribunales, y que el propio Rajoy dijo este lunes, apenas regresó de Pontevedra, que ya vería si las presentaban o no. Lo cierto es que, finalmente, la cuestión se planteó en la primera sesión de trabajo del Congreso, este martes 25, y lo que era «gran conspiración contra el PP» se quedó en denuncias sin pruebas, y a un PP en soledad frente a todos.

En efecto, el PP no recibió los votos de ningún grupo del Congreso y vio rechazadas sus peticiones de que comparezcan con urgencia en la Cámara Baja –para hablar de esa supuesta «persecución» del Gobierno hacia este partido– la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Lo que sí recibió el PP fueron las críticas de los demás grupos, por haber pedido estas comparecencias sin haber aportado ni un mínimo indicio de las supuestas escuchas ilegales que los máximos dirigentes del PP han denunciado ante los periodistas pero no en los tribunales. Soraya Sáenz de Santamaría ni siquiera llegó a hablar en ningún momento de «escuchas». Es decir, que la presunta persecución denunciada por el PP, y rechazada como invento irracional por el PSOE, ha sido un severo traspiés para el partido que aspira a regresar al Gobierno, acaso por cualquier medio o con cualquier excusa o procedimiento.

Naturalmente las posiciones de los populares merecieron severísimas reacciones y réplicas de todos los portavoces, particularmente los socialistas, presentados durante semanas como ejercientes «inquisidores» y perseguidores sin tregua del PP. En respuesta a la portavoz del PP en el Congreso, desde el PSOE y los demás grupos se pudo escuchar que la supuesta «persecución y las escuchas ilegales» que han venido denunciando los «populares» son «un delirio» y «una mentira de distracción masiva», con el único objetivo de que no se hable de los casos de corrupción en los que están implicados miembros y dirigentes del Partido Popular. En concreto, el portavoz de los socialistas, José Antonio Alonso, dijo que las afirmaciones de los dirigentes del PP son «un conjunto de inventos, insidias y mentiras». Además, como Mariano Rajoy había encargado a Sáenz de Santamaría que elaborara un informe para demostrar que se persigue al PP, Alonso criticó que durante el mes de agosto los dirigentes populares hayan «estado diciendo barbaridades» sin disponer de esa información en la que poder sustentarlas.

A su vez, Sáenz de Santamaría señaló que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «tiene obsesión por Camps» y que el PP «no confía en el Gobierno ni en Conde Pumpido». La portavoz popular en el Congreso aseguró que «casi todas las investigaciones abiertas contra el PP han quedado en nada. La causa contra 49 miembros del PP implicados en casos de corrupción ha sido archivada o no ha dado lugar a actuaciones judiciales, pero sí han sufrido la pena del escarnio público de los telediarios». Y añadió que, en su opinión, el Gobierno parece utilizar la consigna «que se hable del PP y no se hable de la crisis» porque, a su juicio, «quieren acabar antes con el PP que con el desempleo». Y acusó a la Fiscalía de no realizar bien su trabajo: «Se detiene, se esposa y se exhibe a los diputados del PP, pero ¿qué actuaciones ha llevado la Fiscalía respecto al caso del Sr. Chaves, ni el director del CNI ni el directos de la Caja de Castilla-La Mancha? ¿Qué ha pasado con las filtraciones del «caso Gürtel»? ¿Y con otros casos de corrupción que la Fiscalía ha decidido, simplemente, archivar? «La corrupcion», ha sentenciado Sáenz de Santamaría, «ha de investigarse aplicando la ley con el mismo rasero para todos, porque si no, estamos hablando de abuso de poder y de utilización ilegítima de las instituciones del Gobierno.

El PP se quedó sólo con sus denuncias. Por CiU, el diputado Jordi Jané anunció la abstención de su grupo, y se quejó del «clima de bronca» con el que se reanudaba la actividad parlamentaria, emplazando al PP a trasladar sus denuncias a los tribunales. Asimismo, desde el PNV, su portavoz, Emilio Olabarría, indicó que su grupo se abstendría a pesar de considerar el debate de una naturaleza «un tanto esotérica», aunque aseguró que si el PP aportara una «sola prueba» incluso apoyarían la creación de una comisión de investigación. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, señaló que no apoyarán las peticiones del PP al considerar que sus denuncias constituyen una estrategia de «defensa» ante el «cerco de sospechas» sobre corrupción que afecta, ha dicho, a este partido, y van camino de convertirse en una «paranoia casi tan delirante como la trama del 11-M». En cuanto al portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, justificó su voto en contra porque no quiere que «la mentira de destrucción masiva, poco creíble e indemostrable» del PP se convierta en un «delirio de persecución», ya que no ha podido presentar un mínimo de indicios que acrediten sus denuncias. En fin, Francisco Jorquera, por el Grupo Mixto, votó en contra de las tres peticiones del Partido Popular por entender que obedecen a una estrategia del PP para levantar una «cortina de humo» cuyo único objetivo es «tapar los escándalos» que le afectan.

Dicho de otro modo, la sesión orquestada por el PP se le ha vuelto en contra, no han conseguido un solo voto favorable, salvo los propios, y sus denuncias han quedado perfectamente desautorizadas. Flaco favor el de Cospedal, Trillo y compañía con sus denuncias sin la menor prueba. Ambos personajes, si alguna les quedaba, ven sensiblemente reducida su credibilidad.

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