MADRID, 3 (OTR/PRESS)
Dicen ahora que no será este mes de septiembre, a finales del cual se cumplen nada menos que tres años desde que el recurso del PP se admitió a trámite, cuando el Tribunal Constitucional emita su tan esperada sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Un retraso de uno o dos meses (más) resulta previsible, te dicen, lo que no es un alivio para nadie, pero sí un respiro temporal ante el enrarecido clima institucional que por este asunto se está viviendo en España. Y, sobre todo en La Moncloa, donde empiezan a calibrar el alcance del conflicto al que se puede llegar con el «socio» y cada vez menos correligionario José Montilla.
Algunas veces me han asegurado que Zapatero siente muy escasa simpatía por el president de la Generalitat. Y que sabe que el conflicto entre el PSOE y el PSC acabará infectándose. Ya hay, de hecho, algunas declaraciones demasiado altisonantes en el seno de los socialistas catalanes y un tono excesivamente desafiante, a juicio de los habitantes de los despachos en Moncloa y Ferraz, en el Govern catalán cuando se habla del Ejecutivo central.
ZP logró solventar los peligros del plan de financiación autonómica, acallando voces airadas de los que se sentían mal tratados respecto a Cataluña, y puede que hasta vuelva a repetir el milagro con los Presupuestos para 2010. La «operación Estatut» le va a requerir mucho mayores dosis de «finezza» política, de maniobrabilidad y de reflejos. ¿Lo logrará?
Porque la famosa sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut, que ya se demora más que la propia elaboración del texto, puede ser una bomba o puede quedarse todo en la montaña que parió un ratón. Pero llega, en todo caso, cuando se hacen preparativos para las elecciones catalanas. Y Montilla se ahorcaría antes de permitirse un gesto que facilite su salida de la Generalitat: bastante le costó forzar un Govern tripartito «contra natura» y dejar a Zapatero desairado en sus promesas al nacionalista Artur Mas, a quien aseguró que en Cataluña gobernaría el más votado, o sea, esa Convergencia i Unió que luego, gracias a las maniobras de Montilla, se quedó en la oposición.
Ahora, todos se preparan para el tercer «round». La catalanización de la sociedad será la piedra de toque de la precampaña catalana, que ya ha comenzado de hecho. Y el Estatut va a ser una buena base de debate: la sentencia no va a gustar a nadie, y así lo van a poner de manifiesto desde Esquerra Republicana hasta el PP. Pero no importará demasiado, porque nadie la va a acatar en su literalidad (va a ser, en todo caso, muy «interpretativa», aseguran) y, al final, el Estatut seguirá siendo el mismo que hoy tenemos.
Algo que aprovechará Montilla como si fuese un triunfo personal, de la misma manera que ha aprovechado el logro de la financiación como algo que él ha forzado a su teórico jefe político Zapatero, aunque, eso sí, teniendo a los de ERC echándole el aliento en la nuca.
Cataluña es pragmática y la sangre rara vez llega al río en política: todos acabarán mirando para otro lado, diga lo que diga el desacreditado Tribunal. Pero ya veremos qué consecuencias electorales tiene para Zapatero el hecho de que, cualquiera que sea la sentencia del Constitucional, el Estatut no vaya a cambiar en una sola coma. Cataluña y las comparaciones con otros territorios de España constituyen un motivo de permanente irritación en el electorado de comunidades que se sienten marginadas, como Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla o Cantabria, por poner solamente algunos ejemplos.
Montilla, para tratar de volver a ganar –o, al menos, a gobernar–, tiene que mostrarse reivindicativo frente a Madrid y ya se sabe que, en este caso, Madrid se apellida Zapatero. Mal amigo y mal aliado le ha salido en Barcelona al presidente del Gobierno central. Y, encima, con la sentencia del Estatut por medio. ¿De verdad cree ZP, ese falso ingenuo, que José Montilla sigue siendo su aliado? Yo hace tiempo que no lo creo.
