MADRID, 6 (OTR/PRESS)
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña se hace de rogar de tal manera que o bien marca un antes y un después para la España de las autonomías, o bien acaba convertida en una nueva versión del parto de los montes, y al final resulta que sale un ratón como en la antigua fábula. En España somos bastante dados a los acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente terminan siendo, pero en este caso el alto tribunal está consumiendo tanto tiempo que la expectativa puede consumir su propia decisión. Es conocido el desacuerdo que existe entre los magistrados, de cuyas deliberaciones sabemos más por su carácter político que jurídico, mientras la prensa habla de ellos como si fuesen diputados que debaten en el Parlamento, lo que puede dar idea de cómo está el Tribunal Constitucional.
La Generalitat y el Gobierno, así como los nacionalistas catalanes, se temen lo peor. La situación la resume bastante bien Mariano Rajoy cuando emplaza al presidente Zapatero a aceptar la sentencia sobre el Estatut, «sea la que sea». ¿La conoce él acaso, para defenderla a priori con tanta contundencia? El PP es el partido que ha forzado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al haber quedado fuera del pacto estatutario tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Congreso, al grito de «se rompe España». Por estas y muchas otras razones de sobra conocidas, sea cual sea el resultado, costará mucho asumirlo como una decisión estrictamente constitucional y no partidaria. Otra cosa es que lo que diga el Constitucional en su sentencia tiene que ser cumplido y acatado. Aún así, el problema puede complicase, ya que si el Estatuto fuera declarado inconstitucional en alguna parte esencial de su articulado sería necesario rehacer el pacto político entre Cataluña y Madrid, ya que entraríamos en una confrontación de legitimidades. Tampoco será una cuestión menor buscar la manera de encauzar la posible respuesta de la gente en las calles de Barcelona.
La habitual sensatez del ministro Francisco Caamaño puede resultar esta vez insuficiente. El titular de Justicia juega con su brillante dialéctica cuando afirma que una ley aprobada por los representantes legítimos de los ciudadanos de España […] debe siempre entenderse que es constitucional, por respeto a esa voluntad de las Cortes, mientras que el Tribunal Constitucional, de manera expresa e inequívoca, a través de una sentencia, no diga lo contrario. Pero, si se llega a ese punto, alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato. Jordi Mercader, un periodista que trabajó con el presidente Pasqual Maragall y que ahora escribe en El Periódico de Catalunya, lo resume con perspectiva histórica. El pactismo catalán, tan elogiado, tan elegante y tan frustrante a veces, alimenta una constante: Cataluña propone con moderación y Madrid dispone con tacañería.
JOSE LUIS GOMEZ
