MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Uno de los mayores escándalos políticos que se está produciendo en nuestro país en las últimas semanas lo constituye el conjunto de presiones que de una manera obscena -es decir de forma deshonesta, torpe y ofensiva al pudor-, se están ejerciendo sobre los miembros del Tribunal Constitucional para que estos dicten una sentencia «benévola» en torno al actual Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Que estas presiones las lleven a cabo los partidos nacionalistas de derechas o de izquierdas, CIU o ERC, no tendría nada de particular. Que lo haga el Partido Socialista de Cataluña, organización distinta pero integrada en el PSOE, no sorprende a los que siempre hemos considerado que en los socialistas catalanes pesa más el alma nacionalista catalana que la española. Pero que esas presiones las estén protagonizando en los últimos días dos miembros del Gobierno de España, como son el ministro del Interior y el de Justicia, la cosa empieza a tener su aquel.
Rubalcaba ha dicho, y se ha quedado tan pancho, que «lo que no puede hacer España es negar la decisión del Parlamento catalán», aunque al día siguiente de soltar esta barbaridad se vio obligado a aclarar que se refería al término «nación» que aplicado a Cataluña aparece en el preámbulo y no en la parte normativa del texto del Estatuto. Si se lleva hasta el extremo la aseveración del ministro del Interior, el tan manido Plan independentista del ya difunto, políticamente hablando, Ibarretxe, tendría que haber sido respetado por eso que Rubalcaba llama España, ya que el citado Plan fue aprobado por mayoría absoluta -gracias al apoyo de los parlamentarios de ETA que Zapatero y Rubalcaba permitieron presentarse bajo las siglas del Partido Comunista de las Tierras Vascas- en el Parlamento Vasco. Y sin embargo, el Plan Ibarretxe fue tumbado en las Cortes Generales. Otro compañero de Rubalcaba, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que fue en su momento el redactor principal del nuevo Estatuto, defiende la presunta constitucionalidad del texto en el hecho de que haya sido aprobado en las Cortes Generales. Y eso que es experto en Derecho Constitucional*
Se puede entender que el Gobierno esté nervioso ante el problema político de gran calado que se le vendría encima en caso de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional algunos preceptos importantes del Estatuto, como por ejemplo el referido a la obligatoriedad de saber y hablar el catalán. En esa tesitura, desde Cataluña ya se han anunciado todo tipo de reacciones y medidas, que pasan desde salir a la calle, hasta que el PSC rompa con el PSOE y, claro, esto son palabras mayores para Zapatero, que vería de esa forma amenazada desde sus propias filas su precaria mayoría parlamentaria. Pero todo eso, no justifica el cúmulo de barbaridades que se están diciendo y oyendo en estos días, salvo que se quieran hacer saltar por los aires, si no se ha conseguido ya, las mínimas reglas de juego en las que debe basarse nuestro sistema político y de convivencia democrática.
